septiembre 2014



E


l gobierno que encabeza Mariano Rajoy cumplió ayer su amenaza de activar al Tribunal Constitucional en contra de la consulta que las autoridades de Barcelona tienen previsto realizar el próximo 9 de noviembre para preguntar a la sociedad si desea la soberanía con respecto al Estado español. Con una rapidez que da cuenta de su supeditación al Ejecutivo, el tribunal admitió los recursos enviados por La Moncloa contra las disposiciones que fundamentarían el ejercicio democrático –la Ley de Consultas, aprobada por el parlamento catalán, y el decreto de la Generalitat que convoca al plebiscito sobre el futuro político de la aún comunidad autonómica– y ordenó un compás de espera de cinco meses, con lo que sienta las bases para una confrontación abierta entre Madrid y Barcelona.


Más allá de la ya mencionada sumisión del Constitucional al gobierno de Rajoy, el fallo clausura las vías legales para el desarrollo del soberanismo catalán y deja a esa causa en el laberinto construido por la clase política madrileña para frustrar cualquier perspectiva de secesión catalana: citado a la letra, uno de los argumentos de La Moncloa señala que el decreto para la consulta tiene por finalidad exclusiva convocar un referendo que tiene por objeto que el pueblo de Cataluña se pronuncie sobre si quiere que Cataluña sea un Estado independiente, y este objeto es inconstitucional.


Por otra parte, Rajoy ha declarado que la Generalitat y el Parlament se atribuyen, al llamar a las urnas, facultades exclusivas del Estado español, poderes que, evidentemente, su gobierno no está dispuesto a ejercer para permitir que los catalanes se manifiesten en torno a su futuro político.




Acaso sin proponérselo, el gobierno de Madrid ha puesto en evidencia el carácter antidemocrático de la Constitución vigente y del Estado español, y ha contrastado la intolerancia y la cerrazón propias con la muestra de civismo brindada hace unos días en Escocia, donde la sociedad pudo recurrir a las urnas sin cortapisas para decidir en ellas su independencia o su permanencia en el Reino Unido.


Asimismo, La Moncloa exhibió su rostro autocrático y contrario a derechos colectivos básicos, como es el de los pueblos a la autodeterminación, y se colocó ante el repudio de una de las nacionalidades más dinámicas y sólidas de la península ibérica. No es una buena perspectiva para el gobierno español, especialmente si se considera que Rajoy viene de perder una partida fundamental ante la sociedad: apenas la semana pasada, la administración del Partido Popular hubo de renunciar a su empecinamiento de limitar el derecho de las españolas a interrumpir el embarazo y se vio obligado a sacrificar a su ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, impulsor principal de una reforma cavernaria y regresiva en materia de aborto.


Más grave aún, la relación institucional entre Madrid y Barcelona ha sido colocada en un callejón sin salida en el que todos pierden, tanto si el gobierno catalán sigue adelante con su decisión de realizar en rebeldía la consulta del 9 de noviembre, como si desiste, por el momento, de llevarla a cabo. El primer escenario conllevaría un abierto rompimiento entre el poder local y el nacional, y el segundo sería visto por el conjunto de los catalanes como una imposición autoritaria. La moneda está en el aire.





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DÍA NACIONAL DEL MAÍZ. Integrantes de la Campaña Sin Maíz no hay País acordaron unificar sus acciones para afrontar estos tiempos de violencia, despojo y pillaje contra los pueblos de México y sus bienes comunes, y condenaron el asesinato y la represión contra normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Reunidos en el Zócalo para celebrar el Día Nacional del Maíz, destacaron: no se sientan solos, estamos juntos para revertir este sistema de muerte y deshumanización. Trinidad Ramírez, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco, advirtió: no podemos quedarnos callados ante la represión de los estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos; son hijos de campesinos los que fueron asesinadosFoto María Luisa Severiano




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l casco azul de Enrique Peña Nieto está colocando a México en una inédita posición de riesgo internacional, no sólo por la decisión de enviar a zonas de conflicto personal mexicano (civil y militar) para ayudar a mantener la paz, lo cual significa el sepelio definitivo de la doctrina Estrada, que apelaba a la no intervención en asuntos externos (ni de nosotros hacia otros, ni de otros hacia nosotros), sino, sobre todo, por la subordinada predisposición de Los Pinos a sumarse a la lista de combatientes aliados a Estados Unidos, como ha hecho saber el Departamento de Estado del país vecino al dar a conocer que el gobierno mexicano forma insólita parte de una coalición de 62 países (por lo pronto) contra el Estado Islámico.


Los primeros pasos peñistas de firme belicismo mexicano de exportación (ya se habían enviado tropas en los años cuarenta a misiones de paz, en Los Balcanes y Cachemira) pretenden ser moderados, pero es inocultable el sentido progresivo de ese involucramiento en temas globales armados y la correspondiente conversión de nuestro país en un eventual objetivo militar extranjero (con Estados Unidos asumiendo a México como depósito estratégico de combustible, con un gobierno aliado, y los adversarios de la potencia mundial extendiendo sus mapas de guerra hasta nuestra frontera). Así, en esa gradualidad taimada, el aporte de México a las operaciones de paz de Naciones Unidas se circunscriben en esta primera etapa a las acciones para mantener la paz, no para imponerla.


Para cumplir con esta primera etapa de los cascos azules mexicanos se requerirán capacitación, equipamiento y adoctrinamiento, que podrán tener como siguiente paso natural la participación en las tareas rudas de la paz por la fuerza, tareas que hasta ahora han resultado fallidas en muchos casos, onerosas y rodeadas de escándalos de abusos diversos, incluyendo los sexuales hacia las poblaciones defendidas por estas fuerzas internacionales.


Es inevitable pensar en Peña Nieto como candil de la ONU y oscuridad de su casa si se observan los poco agraciados esfuerzos de la administración federal mexicana por darse aires de grandeza entre los poderosos del planeta, en particular frente a Barack Obama, que en cena de honor en días pasados en Nueva York sentó al mexicano a su diestra, y se comparan esos esfuerzos de oropel foráneo con la terrible realidad cotidiana de violencia criminal por parte de policías de diversos niveles y de bandas del crimen organizado. El conflicto generalizado que se vive en el país, con altísimos índices de muertes y violaciones a los derechos humanos, sin gobierno alguno que pueda ofrecer perspectivas sensatas de solución a mediano plazo ni esperanzas de justicia y seguridad para la población, merecería que el azulado entusiasmo pacificador de Peña Nieto se volcara justamente hacia México.


Pero, en medio de la generalizada descomposición nacional, apenas en proceso de asimilación la personalísima decisión peñista de elevar la casaca verde olivo de Calderón al nivel de un casco azul dominantemente estampado de barras y estrellas, aparece la noticia de que México forma parte de un grupo de países de soporte, sin un compromiso específico definido, que apoyará a Irak y está en contra del Estado Islámico y sus acciones de guerra santa. El diplomático Genaro Estrada Félix, creador en 1930 (mientras era secretario de relaciones exteriores del gobierno de Pascual Ortiz Rubio) de la doctrina que lleva su nombre (a favor de la libre determinación de los pueblos y, por tanto, en contra de la intervención en los asuntos internos de los estados), vería ahora a México como único país latinoamericano inscrito en la nómina de Obama en su cruzada contra el mencionado Estado Islámico, junto a Andorra, Bosnia, Lituania, Macedonia, Malta, Moldavia, Marruecos, Portugal, Serbia, Eslovenia, Túnez y Ucrania, que también aceptaron ser países de soporte de la estrategia de una Casa Blanca que ni siquiera está en la plenitud de su pinche poder (perdón por la referencia a una cita clásica del diplomático fallido Fidel Herrera), pues vive una fuerte acometida electorera de los republicanos a causa de criterios y decisiones que a juicio de los adversarios de Obama permitieron el crecimiento del citado Estado Islámico.




El casco azul y la acomedida vocación proclive al poder gringo de parte del ejecutivo mexicano pretenden corresponder al nuevo papel de liderazgo mundial que un rabino profetizó a Peña Nieto en Nueva York al declararlo una fundación Estadista Mundial 2014. Ya Fox intentó desastrosamente desplegar tal papel protagónico, consiguiendo para México un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad, con el canciller Jorge Castañeda y el difunto Adolfo Aguilar Zinzer, representante ante la ONU en ese lance, peleando de manera tragicómica, y con el propio presidente panista internándose para una sedada operación quirúrgica a última hora para no tomar una llamada a George Bush urgido de conseguir apoyos de sus amigos para la invasión de Irak en 2003. Ahora, Peña Nieto está ansioso por la vuelta de México a ese consejo de seguridad y es posible que el presidente de Estados Unidos, quien sea, ni siquiera necesite hacer llamada alguna a un aliado que desde ahora ha ido entregando un sí con casco azul.


Y, mientras hoy marcha la comunidad politécnica que está en contra de los cambios académicos y reglamentarios impulsados por EPN a través de Yoloxóchitl Bustamante, en un movimiento creciente de estudiantes y maestros que va ganando apoyo más amplio, ¡hasta mañana, con Peña Nieto que anuncia doble cancelación de visitas: una, por mal tiempo (sólo meteorológico, se supone), a Guerrero, donde siguen las ejecuciones y donde no aparecen decenas de normalistas ni hay visos de castigo real a quienes ordenaron ataques armados contra estudiantes, y otra al Senado, usando de pretexto que la bancada del PAN se ausentaría por inconformidad con un acto pensado para lucimiento del mexiquense pero, en realidad, por precaución ante la anunciada marcha politécnica!


Twitter: @julioastillero


Facebook: Julio Hernández






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Una figura inflable de Mafalda, personaje creado por el caricaturista Joaquín Salvador Lavado, Quino –en imagen de junio de 2012–, fue elevada frente a la entrada principal del Museo del Humor, en la capital argentina, recinto que ahora presenta la exposición conmemorativa Quino por MafaldaFoto Xinhua



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Notimex


Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2014, p. 7


Buenos Aires,


29 de septiembre.


La comprometida y depresiva Mafalda, la encantadora niña argentina enamorada de los Beatles y enemiga de la sopa, celebró hoy sus 50 años con exposiciones que ratifican su vigencia como icono cultural de Argentina y de América Latina.


Mafalda festejó este nuevo aniversario sonriente, con un vestido verde y su infaltable moño en la cabeza, sentada en un banquito del tradicional barrio de San Telmo, convertida en una tierna escultura en la que cientos de personas hacen fila a diario para fotografiarse con ella.


La figura se instaló a las puertas del edificio que sirvió como inspiración a Joaquín Lavado, mejor conocido como Quino, para crear una tira con un crítico discurso social, político y cultural que sigue vigente y que ha sido traducido a 26 idiomas.


Como parte de las celebraciones, los fans de esta niña pueden visitar la exposición Quino por Mafalda, en el Museo del Humor de Buenos Aires, y El mundo según Mafalda, en la Usina del Arte del barrio de La Boca.


El 29 de septiembre de 1964, el público descubrió en las páginas del periódico Primera Plana a Mafalda, un personaje que nació para ser la imagen de una campaña publicitaria, pero que se transformó en un retrato de la clase media argentina y en un símbolo del pesimismo social.


Con Mafalda como eje, la historieta presentó a sus amigos: el ambicioso Manolito, el inseguro Felipe, la cursi y chismosa Susanita, el filosófico Miguelito y la revolucionaria e inconforme Libertad, quienes mezclaron sus juegos infantiles con ácidas reflexiones sobre el mundo.


También aparecieron los padres de Mafalda, quienes fueron los ejemplos del típico burócrata mediocre preocupado por pagar las cuentas a fin de mes y la tradicional ama de casa frustrada que dedicó su vida al hogar y dejó trunca su carrera profesional.




El último en incorporarse a la historia fue su hermano, el caprichoso Guille, quien nunca abandonó el chupete y compitió siempre con la niña por la atención de los padres.


Las aventuras de la historieta argentina con mayor proyección internacional se publicaron durante ocho años en Primera Plana, El Mundo y Siete Días Ilustrados, pero en 1973 Quino decidió que la historia había llegado a su fin.


Con una coherencia poco común, ya que siempre se negó a explotar comercialmente a su personaje, Quino sólo permitió que Mafalda reapareciera ocasionalmente para promover campañas de vacunación, de limpieza de los dientes y de los derechos de los niños, pero jamás para publicidad.


Ahora Mafalda anda por todas partes en Buenos Aires, ya que además de la escultura en San Telmo se la puede ver en la plaza que lleva su nombre en el barrio de Colegiales y que fue declarada como el primer espacio turístico infantil de esta capital.


Ahí, rodeados de árboles y de niños jugando, quedaron estampados diferentes dibujos a colores en los que la protagonista de esta historia se muestra reflexiva ante un globo terráqueo o encabezando una manifestación junto con todos sus amigos.


En otro punto tan porteño como el transborde del Metro de la Línea A, el más antiguo de la capital argentina, está emplazado un mural de 15 metros de largo que muestra a Mafalda preguntándole a su osito de peluche si sabe por qué el globo terráqueo que está en la mesa es tan lindo.


Para deleite de sus admiradores, de todos aquellos que la quieren y que no esperarían de ella otra respuesta, Mafalda resume: porque es una maqueta. ¡El original es un desastre!




Juez suma cargos a 3 indígenas de Bachajón, detenidos y torturados, acusan ejidatarios




Hermann Bellinghausen


Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2014, p. 19


Un juez sumó cargos contra los tres indígenas de San Sebastián Bachajón, Chiapas, para impedirles su libertad, luego de ser torturados y amagados con una pistola durante el interrogatorio en los separos de Ocosingo.


Sus compañeros ejidatarios adherentes a la Sexta Declaración de la selva Lacandona aseguran que se trata de una represalia de la policía municipal de Chilón y las autoridades judiciales de Ocosingo por el encarcelamiento de un policía municipal que participó en la ejecución, el 21 de marzo, de Juan Carlos Gómez Silvano, dirigente de la comunidad Virgen Dolores. Uno de los presos con cargos falsos es hermano del dirigente asesinado.


“El mal gobierno está metiendo más castigo a nuestros compañeros Juan Antonio Gómez Silvano, Mario Aguilar Silvano y Roberto Gómez Hernández, porque ahora les cambió su delito de lesiones calificadas por el de tentativa homicidio del policía municipal de Chilón Alfredo Bernabé Aguilar Fuentes, para que no salgan con fianza y se queden más tiempo en la cárcel de modo injusto, pues es un delito que no cometieron. Por eso el mal gobierno maltrató a nuestros compañeros durante nueve horas, pero luego también el agente del Ministerio Público (MP), Rodolfo Gómez Gutiérrez, quien le puso una pistola en la cabeza al compañero Mario Aguilar.


Les piden dinero


Los ejidatarios tzeltales denuncian también que sus compañeros presos en el Cereso 16 de Ocosingo “les estan pidiendo dinero o talacha los llamados voceros o precisos, que se coordinan con las autoridades de la carcel”.




Acusan al juez Omar Heleria Reyes de ser cómplice del mal gobierno, pues sólo firma el auto de formal prision porque así lo ordena su patrón el gobierno; así no actúan los jueces de nuestros pueblos, se necesita sabiduría e inteligencia para resolver problemas, pero estas personas lo que hacen es violar derechos y proteger a los que hacen el trabajo sucio del mal gobierno.


Los indígenas exigen la liberación inmediata de sus compañeros, torturados y privados de su libertad injustamente desde el 16 de septiembre por luchar por la justicia y la defensa de su territorio.


Del mismo modo reiteraron la excarcelación de Santiago Moreno Pérez, preso desde 2009, y de Emilio Jiménez Gómez, encarcelado desde julio de 2014, ambos en el penal de Playas de Catazajá, así como de Esteban Gómez Jiménez, quien fue trasladado al penal de El Amate.


Exigimos al mal gobierno y al comisariado ejidal oficialista de San Sebastián Bachajón, Alejandro Moreno Gómez, no sigan despojando a nuestro pueblo del territorio y recursos naturales, porque lo vamos seguir defendiendo, concluyeron las autoridades de los indígenas en resistencia.





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El corredor Jamaal Charles (25), de Kansas City, logró tres anotaciones en la victoria ante Nueva InglaterraFoto Ap




Agencias


Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2014, p. a39


Kansas, 29 de septiembre.


El mariscal Alex Smith mandó tres pases de anotación a Jamaal Charles y los Jefes de Kansas City arrollaron 41-14 a Patriotas de Nueva Inglaterra en el cierre de la semana cuatro en la NFL.


Smith hizo efectivos 20 de los 26 envíos que dieron una ganancia de 248 yardas por los anfitriones (2-2), que se vieron muy superiores al equipo de Tom Brady, que sumó su segunda caída, ahora en el Arrowhead Stadium, la casa de los Jefes, donde la afición impuso Récord Guinnes por ser el más ruidoso, con 142.2 decibeles, superando la marca anterior de 136-6 del Century Field, de Seattle.


Por otro lado, el jugador LaRon Landry, safety de los Potros de Indianápolis, fue suspendido cuatro partidos sin goce de sueldo por infringir la política de la NFL contra el consumo de drogas para mejorar el rendimiento deportivo.


Landry ha jugado de inicio los cuatro partidos de esta campaña con los Colts (2-2) y había realizado 18 derribos.




El anuncio surgió hoy cuando Robert Mathis, el campeón de la liga en capturas de mariscal, fue reactivado, pero incluido en la lista de jugadores descartados por lesiones ajenas al futbol americano.


Mathis fue también suspendido por dopaje y se perderá el resto de la campaña luego de romperse el tendón de Aquiles mientras realizaba un entrenamiento privado en Atlanta.


Otro que causó baja por toda la temporada fue el esquinero Morris Claiborne, de Vaqueros de Dallas, por un desgarre en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda y será intervenido quirúrgicamente.


Claiborne fue lesionado en un choque con el mariscal de campo de Santos, Drew Brees, a mediados del primer cuarto del duelo que su equipo ganó por 38-17, para dejar su registro en tres ganados y un perdido, en el partido nocturno del domingo.






Arturo Cano


Enviado


Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2014, p. 6


Iguala, Gro., 29 de septiembre.


Si me hacen el honor, compañeros, hay que colocar las veladoras, dice Gerardo Barrera, estudiante de cuarto grado del Centro Regional de Educación Normal (CREN) en esta ciudad. Aquí fue donde culminó la persecución de nuestros compañeros de Ayotzinapa y en aquella parte (señala a sus espaldas) es donde se paró la otra camioneta y los rafagueó.


El letrero lavado y aspirado sobre un portón negro permite identificar el lugar donde quedó tendido uno de los muchachos de la normal de Ayotzinapa la noche del viernes pasado. En ese sitio preciso se inclinan los jóvenes, todos con sus uniformes de normalistas, hasta dejarlo cubierto de veladoras. Poco antes han hecho lo mismo en una de las puertas del palacio municipal, que cerró sus puertas desde antes de las cinco de la tarde.


En la marcha silenciosa de flores y velas participan unos 150 de los 537 alumnos que tiene el CREN. A muchos no los dejan venir sus padres. Claro, aquí fue todo, aquí sembraron el terror, reconoce el líder estudiantil.


–¿Saben algo de sus compañeros desaparecidos (57 jóvenes)?


–No sabemos absolutamente nada. Nada ha informado el municipio ni el gobierno estatal. Obviamente necesitamos que se involucre la Federación, porque es cuestión de todos.


–¿El alcalde los ha buscado?


–Como él no sabe nada, yo creo que no nos va a buscar para nada.


El presidente municipal José Luis Abarca, efectivamente, no sabe nada, porque a la hora de los balazos se encontraba bailando al ritmo de La Luz Roja de San Marcos, como dijo en una entrevista radiofónica mañanera, antes de viajar a la ciudad de México a reunirse con los diputados Silvano Aureoles Conejo y Sebastián de la Rosa.


En ese trayecto debió escuchar al senador Armando Ríos Piter, puntero en la sucesión del gobernador Ángel Aguirre, tocarle otra música, fúnebre y no de baile: Debe pedir licencia, dijo el político costeño que gusta nombrarse Jaguar.


Se diluye respaldo de NI


El cuadro lo completa el deslinde de altos funcionarios del gobierno aguirrista. Uso excesivo de la fuerza, dictamina el procurador estatal, Iñaki Blanco, quien también asegura que investigan posibles vínculos de los agentes municipales con los desconocidos que perpetraron el segundo ataque a los normalistas (da también las cifras oficiales: se presentarán cargos contra 22 efectivos policiacos; en los hechos hubo 6 muertos, 25 heridos y 57 desaparecidos).


El respaldo político de Nueva Izquierda –corriente perredista a la que pertenece el alcalde Abarca– y el apoyo incondicional ofrecido por el diputado federal Sebastián de la Rosa se diluyen a lo largo del día.


A los medios nacionales, el presidente municipal les dice que ordenó a la policía municipal (responsabilidad compartida con el gobernador, deslizan allegados al alcalde, merced el Mando Único) no caer en provocaciones de los normalistas. Que nunca ordenó disparar ni mucho menos (aunque estaba seguro de que “alguien contrató a los ayotzinapos para que vinieran a hacer desmadres”).


La respuesta del gobierno del estado deja claro que han decidido dejar solo a Abarca: El Mando Único no se ha iniciado en ninguna de sus etapas en la ciudad de Iguala, dice el secretario de Gobierno, Jesús M. Garnelo.


En la prensa local –la mayoría de los impresos igualtecos baila al son del edil– Abarca usa otro discurso. Dice, de entrada y para no desairar a los clásicos: Sabemos que estamos limpios y mi conciencia está tranquila.


Se va de largo: Mientras en otros municipios de Guerrero y del país han pasado cosas peores, aquí pretenden responsabilizarme de algo que definitivamente no soy.




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Estudiantes y pobladores de Chilpancingo colocaron veladoras en la explanada del zócalo de la ciudadFoto Lenin Ocampo Torres



Más, por si hubiese duda del talante del empresario joyero: Estos hechos no tienen por qué detener nuestra vida cotidiana. Iguala está de pie y trabajando.


Y está en campaña, le falta decir al alcalde. Centenares de postes de la ciudad lucen la imagen de la esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda Villa. Pendones con motivo de su segundo informe como titular del DIF municipal. La propaganda es burda: debajo de su nombre se lee: Presidenta (del DIF, en letras chiquitas) municipal.


Armados de flores y velas, los normalistas concluyen su marcha nocturna sin gritar una sola consigna. Por la mañana, hicieron otra marcha con carteles y gritos. En ambas, la presidencia municipal estuvo cerrada.


La manifestación es ordenada y la colocación de ofrendas lleva apenas unos minutos. Por seguridad, compañeros, rápido, y nos regresamos todos juntos a la normal, por seguridad, dicen una y otra vez los líderes.


En el ínter, el palacio municipal abrió sus puertas y los ciudadanos siguieron haciendo trámites, aunque en cada pasillo se pescaban conversaciones relativas a los policías municipales: Todos tienen miedo.


Los excesos de los normalistas de Ayotzinapa en sus protestas, sumados a una persistente campaña de descrédito, han generado odio en diversos sectores del estado. Los hubieran bombardeado, dijo una anciana clasemediera de Chilpancingo en 2011, cuando dos normalistas fueron asesinados en la Autopista del Sol. En Iguala no cantan mal las rancheras.


Pero ahora que marchan los estudiantes del CREN, la gente deja sus cosas y los mira con un silencio reverencial. No hay un solo claxonazo. Tampoco aparece ningún policía.


Los hubo, y por montones, apenas el viernes pasado, en hechos que comienzan a ordenarse en los relatos de estudiantes y testigos. Los recogidos por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan informan: “Al salir de la central de autobuses, con dirección a Chilpancingo, varias patrullas intentaron cerrar el paso a los autobuses, empezando a disparar de manera intermitente sin dar advertencia alguna. Los normalistas se bajaron e intentaron defenderse, lo que conllevó aun breve enfrentamiento. Los normalistas regresaron a los autobuses y continuaron la marcha; al llegar al periférico norte (lugar donde esta noche los igualtecos pusieron la ofrenda), una patrulla municipal, la número 320, les cortó el paso atravesándose frente al autobús, al tiempo que llegaron más de 30 policías que se aposaron en posición de tiro en distintas direcciones. Los normalistas quedaron totalmente cercados, al posicionarse las patrullas 017, 018, 022, 027 y 028 en la parte trasera de la caravana de autobuses.


“Así, los normalistas descendieron de los autobuses dirigiéndose hacia la patrulla que se encontraba estacionada frente a los autobuses, en un intento de salir del lugar.


“Sin mediar palabra, los policías municipales comenzaron a disparar en ráfagas, de manera indiscriminada, desde las distintas posiciones, cayendo herido en ese instante Aldo Gutiérrez Solano, alumno del primer año… Los estudiantes que se encontraban en el autobús de atrás fueron violentamente bajados por los policías y sometidos, acostándolos en el piso, a un costado de una tienda de autoservicio.


El resto de los normalistas se dispersaron en diferentes direcciones, al tiempo que los policías municipales continuaban disparando. La balacera tuvo una duración de alrededor de 40 minutos.


Sería el primer capítulo de una noche de horror en la cuna de la bandera nacional.






E


n los días recientes un diputado priísta fue asesinado en Jalisco, seis personas fueron masacradas a tiros por policías en Iguala, un dirigente estatal del PAN fue ejecutado en Acapulco y un enfrentamiento entre presuntos delincuentes dejó un saldo de 11 muertos en el municipio chihuahuense de Guachochi, entre otros episodios de violencia; todo ello, con el telón de fondo de las revelaciones de testimonios y documentos gráficos que indican el posible asesinato a manos de efectivos militares de 22 personas en la comunidad mexiquense de Tlatlaya, en la que según la versión oficial habría tenido lugar, en junio pasado, un enfrentamiento entre supuestos secuestradores y elementos del Ejército.


Los índices delictivos en general, lejos de reducirse, se han incrementado con respecto a los del mortífero sexenio de Felipe Calderón, y a ello deben agregarse los injustificables excesos represivos perpetrados en fechas recientes en varias entidades. A pesar de los esfuerzos oficiales por minimizar el impacto de la inseguridad en la percepción social, la violencia y el descontrol delictivo siguen afectando a la población en múltiples regiones del territorio nacional, y da la impresión de que el empeño por desviar la atención de tales problemas no logra más que acrecentarlos.


Ciertamente, hace falta algo más que lineamientos de comunicación social, creación de nuevas corporaciones policiales o ejercicios de simulación como el que ha venido realizando en Michoacán el comisionado federal Alfredo Castillo para desactivar la espiral de violencia en la que se encuentra sumido el país.


Sin embargo, a casi dos años del inicio de la actual administración, y pese a los propósitos de la presidencia peñista de deslindarse de la extraviada y contraproducente estrategia de seguridad adoptada por su antecesor, no ha habido, en los hechos, un viraje real en esta materia.




Las fuerzas armadas siguen siendo empleadas en tareas policiales ajenas a su mandato constitucional; el país carece de una política social, laboral, educativa y de salud capaz de actuar como factor preventivo contra la delincuencia; prevalece la impunidad ante la casi totalidad de los crímenes perpetrados en la administración pasada; el saneamiento de las corporaciones policiales de los tres niveles sigue siendo una asignatura pendiente; la vigencia de los derechos humanos experimenta graves retrocesos fácticos e institucionales y, por encima de todo, se mantiene y se ahonda una política económica que provoca desarticulación social, desempleo y marginación, que obliga a grandes sectores de la población a deslizarse a la informalidad y que, a fin de cuentas, termina por nutrir las filas de la criminalidad.


En tales circunstancias el grupo gobernante debiera cobrar conciencia de que el incumplimiento del Estado como garante de la seguridad pública y de la observancia de la legalidad representa un desgaste político que conduce, a corto o a largo plazo, a la ingobernabilidad, como ya se ha constatado en diversas entidades; que ningún optimismo oficial resulta creíble cuando carece de asideros en la realidad de los gobernados, y que la autoridad no es atributo que pueda ganarse por la fuerza y el miedo, sino que se construye mediante la capacidad de resolver, de manera real y efectiva, los problemas que aquejan a la población. La violencia y la inseguridad conforman uno de los más graves, y urge resolverlo.





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ADIÓS A JOVEN FUTBOLISTA. Familiares y compañeros de equipo de David García Evangelista asistieron a las exequias del deportista, quien militaba en el conjunto Avispones de Chilpancingo, de la tercera división. El joven resultó muerto a raíz del ataque de un grupo armado la noche del pasado viernes en la carretera federal Iguala-Chilpancingo. Los asistentes a la cancha donde se realizó el homenaje luctuoso exigieron justicia para los fallecidosFoto Lenin Ocampo Torres




D


e pronto se acumulan los hechos violentos con implicaciones políticas que parecieran no tener conexión entre ellos ni obedecer a una directriz central. Durante los 20 meses en que se procesaron las reformas estratégicas deseadas por el peñismo hubo esfuerzos extraordinarios, con la Secretaría de Gobernación como eje central nacional, para evitar que actos de represión llegaran a detonar protestas populares que pudiesen crecer y generar condiciones adversas para la aprobación de las reformas mencionadas. Incesantemente partieron de Bucareli hacia estados y municipios las órdenes tajantes de no generar ruidos ni turbulencias, a pesar de que hubiese excesos o provocaciones de parte de grupos opositores. Todo fuera por las sacrosantas reformas.


Ciertas amarras parecen haber sido soltadas luego de que se consiguieron esas autorizaciones legislativas. Pareciera que ahora, cuando ya no es tan necesario cubrir las apariencias, EPN estuviese dispuesto a actuar conforme a sus motivaciones reales, a demostrar que mantendrá su diseño reformista al costo que sea y que aplicará mano dura en cuantos casos sea necesario. Sería la inauguración del neoatenquismo, es decir, la irrupción del verdadero espíritu represor que en el estado de México tuvo como momento cumbre las acciones policiacas contra pobladores opuestos a la construcción de un aeropuerto federal en sus tierras. Espíritu retadoramente reivindicado por Peña Nieto frente a un auditorio estudiantil de la Iberoamericana que le era altamente crítico. Podría ser, también, que la administración peñista esté llegando a niveles de ineficacia que le impiden manejar los hilos de los poderes en todo el país. O que grupos priístas inconformes con el grupo dominante estén moviendo piezas explosivas en un tablero de familia para demandar mejores rebanadas del reparto en curso.


En ese contexto viscoso y amenazante se ha producido en Iguala la acción contra alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa por parte de policías y ‘‘pistoleros’’ (¿bandas gobiernistas al estilo de los halcones echeverristas?, ¿bandas ‘‘amigas’’ del crimen organizado que acuden en ‘‘apoyo’’ de los gobernantes para hacer el trabajo sucio?) Ángel Aguirre Rivero, priísta de corazón, gran amigo de Peña Nieto, impulsado por Marcelo Ebrard y ahora aliado de Los Chuchos, mantiene a Guerrero en una zozobra permanente, amarrado a la demagogia como único presunto salvavidas personal y familiar (su hijo será presentado por el perredismo como candidato a presidente municipal de Acapulco). A su vez, el alcalde de Iguala, Jorge Luis Abarca, es un aliado político del gobernador Aguirre.


En tales condiciones resulta difícil creer que lo acontecido en Iguala pudiera haber estado fuera del alcance natural de control político de las autoridades estatales y municipales. Tres ataques en distintos lugares y a diversas horas. Balas expresamente dirigidas contra vehículos que se sabía que habían sido ‘‘tomados’’ por normalistas. Ataque mortal contra jóvenes futbolistas que viajaban en autobús. Decenas de heridos y desaparecidos. El estremecedor hallazgo del cuerpo de un joven, presuntamente también normalista, con la piel del rostro levantada. Y apenas unas horas después, el asesinato en Acapulco del secretario general del comité estatal del Partido Acción Nacional, Braulio Zaragoza Maganda Villalba.




Los normalistas rurales de Ayotzinapa buscaban recursos, incluso autobuses, para participar en los actos del próximo 2 de octubre. Tan brutal represión en Guerrero atiza el fuego y agrega motivos a quienes creen que los caminos institucionales están cerrados y es preferible la acción violenta. También, desde luego, aviva a infiltrados y provocadores. Pero no es el único combustible lanzado desde ámbitos gubernamentales a la hoguera juvenil.


Otro ejemplo: en cuestión de días se ha multiplicado la inconformidad de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional contra cambios en planes de estudio y un reglamento general. La directora de la institución, Yoloxóchitl Bustamante, no ha mostrado un talante convincentemente conciliador. Ha anunciado que los cambios académicos se posponen por un año, pero no que se cancelan. Y que el reglamento interior se sostendrá. Sus declaraciones en entrevistas periodísticas han acentuado la suposición de la directora Bustamante de que las protestas no son realmente académicas y que son movidas por factores ‘‘externos’’.


Luego, para referirse a la posibilidad de que la masacre de Tlatlaya hubiera sido realizada por militares, Miguel Ángel Osorio Chong recurrió a una muletilla largamente utilizada por ocupantes del poder para tratar de quitarle filo a sucesos conflictivos. De haber sucedido así, dijo el secretario de Gobernación, habría sido un ‘‘caso aislado’’.


No es cierta esa pretensión individualizadora, pues a lo largo del país y de manera sistemática en años recientes se han producido episodios en los que bandas de presuntos delincuentes son ‘‘abatidas’’ por soldados que apenas reportan una que otra herida en sus filas, en un proceso de arrasadora ‘‘limpieza social’’ que considera irredimibles a los miembros de grupos de delincuencia organizada y por tanto prefiere la eliminación directa, expedita y ejemplarizante.


En Tlatlaya se está en presencia de un caso que ha sido documentado en la prensa extranjera y nacional pero, como ése, hay múltiples episodios oscuros con tufo a ejecuciones como política oficial. La detención de un oficial y siete soldados no es suficiente ni aceptable, pues los elementos castrenses presuntamente responsables de los fusilamientos de Tlatlaya deben ser sometidos a la justicia del fuero común (total, es la PGR) y no al fuero militar de complacencias corporativas. Triste papel, por cierto, del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl (com)Plascencia(s), quien se avino rápidamente a la versión del ‘‘choque’’ o enfrentamiento entre presuntos narcotraficantes totalmente eliminados y un Ejército virtualmente inmune. Y, mientras Gustavo Madero pide licencia en la presidencia del PAN para ser candidato a diputado federal, ¡hasta mañana!


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Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2014, p. 5


Tenerife. El Tenerife venció 2-1 a Las Palmas en el derbi canario, donde el delantero mexicano Ulises Dávila ingresó de cambio, en duelo correspondiente a la sexta fecha de la segunda división de la Liga de España. Jerónimo Figueroa abrió el marcador para los amarillos al minuto 13. El autogol del argentino Sergio Araujo (27) empató el marcador. Cristo Martin sentenció la victoria en el minuto 47.



Cultivos transgénicos desplazaron a los agricultores pequeños y medianos: análisis




Angélica Enciso L.


Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2014, p. 19


En los países donde se cultivan transgénicos (sobre todo en Argentina, Estados Unidos y Brasil) se desplazó a los agricultores chicos y medianos, con el consecuente incremento del desempleo rural; actualmente seis empresas trasnacionales controlan estas semillas y, al mismo tiempo, son las más grandes fabricantes de agroquímicos.


Esto señala el estudio Por qué los cultivos transgénicos son una amenaza a los campesinos, la soberanía alimentaria, la salud y la biodiversidad en el planeta, elaborado por siete científicos de distintos países y que fue entregado al papa Francisco.


El documento considera que nunca en la historia de la agricultura y la alimentación ha habido una concentración tan grande de semillas, llave de toda la red alimentaria, en tan pocas corporaciones. Indica que las seis grandes empresas (Monsanto, Syngenta, DuPont, Dow Agrosciences, Bayer y Basf) controlan 76 por ciento del mercado global de agrotóxicos, 60 por ciento de semillas y 75 por ciento de la investigación privada sobre cultivos.


Apunta que, según la industria biotecnológica, los transgénicos son los cultivos más analizados de la historia, lo cual es falso porque en los países donde se han autorizado se basan en los estudios y conclusiones de las propias empresas. En Europa, donde se requieren estudios adicionales, prácticamente no se cultivan transgénicos y varios países de ese continente han optado incluso por prohibir su siembra.




Explica que una gran diversidad de sistemas alimentarios campesinos y de pequeña escala son los que actualmente alimentan a 70 por ciento de la población mundial, y entre 30 y 50 por ciento de ese porcentaje lo aportan parcelas agrícolas pequeñas, las huertas urbanas entre 15 y 20 por ciento, la pesca artesanal entre 5 y 10 por ciento, y la caza y recolección silvestre entre 10 y 15 por ciento.


La realidad es que los cultivos transgénicos están llenos de incertidumbres y riesgos a la salud y al ambiente, y no aportan ninguna ventaja frente a los cultivos que ya existían. La semilla es mucho más cara, rinde menos en promedio, usa mucho más agrotóxicos y al estar patentadas, la contaminación transgénica es un delito para las víctimas.


Asevera que la única razón para comercializar transgénicos es que las empresas obtienen mayores ganancias, aunque sea un producto más deficiente que los híbridos que ya existían.


Entre los expertos que participaron en la elaboración del documento están Elena Álvarez Buylla, de la Univesidad Nacional Autónoma de México; Vandana Shiva, de India; Pat Mooney, de Canadá y Rubens Nodari, de Brasil.





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El gobernador de Guerrero debe aclarar quién ordenó disparar contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, dice Alejandro EncinasFoto Cuartoscuro




Víctor Ballinas


Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2014, p. 6


El senador perredista Alejandro Encinas aseguró que lo ocurrido en Iguala, Guerrero, con estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, donde policías municipales les dispararon, no sólo es vergonzoso, sino condenable, y acredita de nueva cuenta un acto de violencia en ese estado.


Encinas sostuvo: este hecho es inadmisible. El gobierno del estado debe responder inmediatamente, y no sólo se trata de detener a los policías responsables, sino de investigar quién dio la orden de disparar, porque no hubo ningún disparo del lado de los estudiantes.


Añadió: si vemos lo que ocurrió en Tlatlaya, donde 22 jóvenes fueron ultimados, presuntamente por militares, eran de Guerrero, de la región de Tierrra Caliente y de Arcelia; si vemos los asesinatos en Iguala, con la policía municipal agrediendo a estudiantes normalistas, se está generando un escenario de violencia y provocación. Ya no se trata de un enfrentamiento con delincuentes, sino contra gente ligada con movimiento sociales.




El también senador perredista Armando Ríos Piter señaló: son condenables estos lamentables hechos que privaron de la vida a estudiantes. Estoy atento a que se tenga más información. Estoy esperando que haya acciones claras, inmediatas y contundentes de parte de la autoridad.


El presidente de la Comisión de Seguridad Pública manifestó que “lo ocurrido en Iguala es un acto reprobable. Se deben esclarecer estos crímenes, así como el caso en el que están involucrados presuntamente militares –asunto Tlatlaya–, el asesinato del diputado priísta Gabriel Gómez Michel, y la muerte del dirigente panista en Guerrero”.


Abundó: el caso de los militares en el estado de México, el de los estudiantes de Ayotzinapa, el del diputado del PRI y el del dirigente del PAN en Guerrero, son casos aislados.





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El director general del STC, Joel Ortega Cuevas, encabezó la caravana integrada por 2 mil trabajadores e invitados que participaron en el Ciclotón de la ciudad de México para celebrar los 45 años del Metro




De la Redacción


Periódico La Jornada

Lunes 29 de septiembre de 2014, p. 39


Como parte de los festejos del 45 aniversario del Sistema de Transporte Colectivo (STC) se invitó a los trabajadores a participar en el Ciclotón de la ciudad de México, dedicado en esta ocasión al Metro, como eje de la movilidad.


En la ruta de 32 kilómetros que cubre el Ciclotón participaron el director general del STC, Joel Ortega Cuevas, la comunidad de trabajadores del Metro, el director del Instituto del Deporte capitalino, Horacio de la Vega, y el personal de dicho instituto, junto con 2 mil inscritos y sus familiares e invitados, que comenzaron a pedalear ayer a las ocho de la mañana.


El banderazo de salida fue dado por el viceministro del Deporte de Cuba, Antonio Juantorena, campeón olímpico en Montreal 1976, acompañado del marchista mexicano y medallista de oro Raúl González.




En el recorrido, que inició en el Ángel de la Independencia y abarcó las avenidas Reforma y Juárez pasando por las calles de López, Artículo 123, Venustiano Carranza y Correo Mayor hasta llegar a la avenida Fray Servando, también participaron los ex campeones de boxeo Guadalupe Pintor y Carlos Zárate, así como la boxeadora Mariana La Barbie Juárez.


El área de Actividades Deportivas y Sociales, encabezada por Pedro Reyes Vilchis, instaló un templete donde instructores impartieron, desde las 10 hasta las 14 horas, rutinas de zumba, taebo y tang soo do, así como clases de danzón. También se realizaron rifas de bicicletas y otros artículos.


El Ciclotón se lleva a cabo los últimos domingos de cada mes organizado por el Instituto del Deporte del Distrito Federal.






U


n conjunto de ataques ocurridos la noche del viernes en Iguala, Guerrero, tuvieron resultado de por lo menos seis muertos –entre ellos, tres estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos–, y una veintena de heridos. Según versiones de la propia Procuraduría General de Justicia estatal, en las agresiones intervinieron elementos de la policía municipal. Diversos testimonios señalan que en los hechos también hubo personas armadas no identificadas.


Las palabras iniciales de la fiscalía local para tratar de explicar los hechos –la dependencia llegó al extremo de afirmar que los uniformados abrieron fuego cuando los normalistas tomaron autobuses para usarlos en manifestaciones, como si eso justificara los homicidios– han pasado por alto que este es el más reciente episodio de una cadena de homicidios de estudiantes, dirigentes y activistas campesinos en Guerrero, ninguno de los cuales ha sido esclarecido. Apenas el 17 de septiembre pasado, en Ometepec, fue asesinado Javier Evaristo Bautista, integrante de la agrupación Unidad Izquierda Guerrerense. Durante la administración encabezada por Ángel Aguirre Rivero, de acuerdo con datos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, se han registrado al menos 60 agresiones o ataques contra organizaciones sociales, estudiantiles, de defensores de derechos humanos, pueblos y comunidades indígenas y campesinas, entre los que se encuentran el asesinato de Rocío Mesino Mesino, líder de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS); el de Raymundo Velázquez Flores, líder de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata, y el secuestro y homicidio de Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Pérez, líderes de la Unidad Popular de Iguala, por citar sólo algunos de los más relevantes.




Por lo demás, persiste aún el recuerdo del asesinato de dos estudiantes normalistas de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2012, a manos de efectivos policiales.


Por las características de los homicidios señalados, es claro que el fenómeno no forma parte de la continuada violencia causada por el descontrol de la delincuencia organizada en el país, la que no ha cesado en lo que va de la presente administración federal, pese a las políticas de comunicación social orientadas a minimizarla a ojos de la opinión pública.


Da la impresión, en cambio, de que en la entidad del sur del país se desarrolla una suerte de cacería contra las expresiones de resistencia y organización estudiantil, social y popular locales. La incapacidad de las corporaciones oficiales de seguridad pública de garantizar la vida de las víctimas y el hecho de que en los asesinatos, incluso, participen policías municipales, estatales y hasta federales, obliga a preguntarse hasta qué punto esa campaña es tolerada y propiciada por el poder público.


Es previsible que los atentados mortales contra normalistas, dirigentes y activistas de tales organizaciones contribuyan a agravar la explosividad social causada por factores como la falta de empleo, la pobreza, la ausencia de servicios, la negación de derechos individuales y colectivos. Es impostergable que las autoridades federales, estatales y municipales se deslinden en forma inequívoca de esta nueva suerte de guerra sucia y empeñen su voluntad política en desactivarla y en identificar, localizar, capturar y presentar ante los tribunales a los presuntos asesinos materiales e intelectuales.





Myriam Navarro


Corresponsal


Periódico La Jornada

Domingo 28 de septiembre de 2014, p. 33


San Blas, Nay. El cuerpo del pescador Rogelio Flores Martínez, que era buscado desde hace una semana por elementos de la Marina y la Fiscalía General del Estado, fue localizado el viernes flotando en el mar de San Blas, de donde salió con otro pescador el 19 de septiembre. Las marejadas y el mal clima provocados por la tormenta Polo ocasionaron el naufragio de Janda, la frágil embarcación en que viajaban. Su compañero José González Bravo fue localizado vivo, en la playa Chacala, 48 horas después y relató que nadaron sin parar, bebieron agua de mar, sufrieron alucinaciones y Rogelio le dijo: ya no puedo nadar.





S


uena el timbre que anuncia el recreo. Los alumnos del Cuarto D se levantan, dejan los cuadernos abiertos a mitad de un ejercicio, corren a la puerta y se precipitan escaleras abajo sin prestar atención a las advertencias de su maestra: No corran. No griten. No se empujen. Entre risas, los muchachos se retan a ver quién llega antes que los demás a la cancha, la cooperativa, los bebederos recién instalados.


Indiferente a la euforia de sus compañeros, Ariel camina despacio y se desvía hacia el segundo patio. Allí, a cielo abierto, se acumulan los objetos inservibles: pizarrones cacarizos, escobas de vara, cubetas desfondadas, mesabancos con las paletas curtidas de iniciales, figuritas grotescas, signos incomprensibles, fechas: todo marcado a punta de compás o de cuter o navaja.


Ariel tiene una en el bolsillo de su pantalón. No la exhibe ni fanfarronea con ella. Si lo hiciera sus condiscípulos lo verían con admiración, con respeto. Renuncia a esas expresiones para no arriesgarse a que la maestra o el prefecto descubran su secreto y lo acosen a preguntas: ¿De dónde sacaste esa navaja? ¿Quién te la dio? ¿Saben tus padres que la tienes? ¿Para qué la quieres?


Ariel se siente capaz de responder a esas preguntas, menos a la última porque en cuanto escucharan su respuesta la maestra o el prefecto, o ambos al mismo tiempo, lo mirarían incrédulos, horrorizados y sin el menor intento de ponerse en sus zapatos y comprender por qué un niño de once años quiere sofocar un dolor con otro.


II


Ariel sabe que verse aborrecido o despreciado duele mucho más que las heridas que se hace cuando, para huir de los insultos y las amenazas de su padre, oculta las manos bajo la mesa y desliza la navaja en uno de sus dedos. Lo hace con firmeza y un solo movimiento, sin quejarse y con expresión serena.


Experto en la materia, Ariel también sabe que un segundo antes de que brote la sangre aparece el dolor. Localizado, agudo, lo atrapa y lo vuelve sordo a las expresiones violentas de su padre y a las súplicas de su madre: Ramón: no le digas esas cosas al niño. No me insultes delante del niño. Si quieres, desquítate conmigo pero no con el niño, que también es tu hijo.


En esos momentos Ariel se concentra en el hilo de sangre que resbala por su piel y es como un río que lo arrastra fuera del cuarto atestado, sofocante, y lo conduce a otra parte: la calle, el estanquillo con las maquinitas, la tienda con diez televisores encendidos en el mismo canal, la escuela, el segundo patio en donde se acumulan pizarrones cacarizos, escobas de vara, cubetas, mesabancos con las paletas heridas a punta de navaja como sus dedos, pero más sus brazos y su pecho, a donde no llegan las miradas de nadie.


III


Las cicatrices, recientes, son el diario íntimo de Ariel pero también cuentan su vida de hijo único, primero amarradito a la pata de una mesa (Por seguridad, para que no se salga del mercado mientras estoy trabajando), después en la silla alta de una guardería y más tarde confundido entre los niños de la escuela que lo ignoran y lo tienen por raro porque es retraído, no se interesa en el futbol y no se quita la camisa para refrescarse en la pileta después de la hora de gimnasia.




A pesar de su aislamiento Ariel disfruta de la escuela que lo salva de su casa y le permite refugiarse en el segundo patio. Teme que llegue el día en que su padre consiga su propósito de alejarlo del estudio y ponerlo a trabajar para que lo ayude con los gastos de la casa, sepa lo que cuestan las cosas y aprenda de una vez a ganarse la vida como lo hizo él, que a los nueve años ya trabajaba en una carbonería y después en un obrador y más tarde en una refaccionaria, luego en un depósito de cartón y en una miscelánea hasta que al fin lo tomaron como dependiente en un tiradero de ropa usada.


Cuando su madre intercede por el derecho de Ariel a seguir estudiando (Tan siquiera hasta que haga su secundaria) su padre la mira con burla (eso duele) y le reclama ser tan exigente, tan desconsiderada después de todo lo que él ha hecho para mantenerlos a ella y a su hijo. Con sólo recordar sus sacrificios se descompone, grita, arroja los platos de la mesa, amenaza con impedirle volver a la escuela y después se lanza sobre su madre para golpearla sin que él –un niño de once años– pueda impedirlo.


Oír el llanto materno le duele a Ariel más que el filo de su navaja desgarrándolo. Con la sangre llega el alivio y sin darse cuenta sonríe. No imagina que con su gesto aviva la furia de su padre. Sin escapatoria posible recibe un golpe en la cara, otro en el pecho, cae al suelo, oye gritos, un portazo. Sin saber cómo llega a su cama y se envuelve en una sábana húmeda porque hace días y días que no tenemos sol.


IV


En el segundo patio hace frío. Apoyado contra la pared, oculto entre la infinidad de objetos inservibles, Ariel contempla su navaja y recuerda la discusión nocturna entre sus padres pero no el motivo ni qué la desató. Pudo haber sido cualquier cosa: el control de la televisión, la falta de cervezas, un gasto en apariencia excesivo, las eternas sospechas de infidelidad por parte de su padre hacia su madre, reproches mutuos, franco desamor.


La evocación le punza más que la herida recién abierta en la muñeca izquierda. Aturdido, fascinado por la sangre que fluye, escucha el timbre que indica el final del recreo pero no se mueve. Quiere permanecer allí, en el patio de los deshechos en donde nadie le hará preguntas, protegido por los mesabancos que tienen las paletas marcadas con la punta de un compás, un cuter o una navaja semejante a la que se le escapa de la mano.





Gustavo Castillo


Periódico La Jornada

Domingo 28 de septiembre de 2014, p. 13


Policías federales detuvieron a tres presuntos integrantes de un grupo delictivo dedicado a extorsionar, secuestrar y vender droga en el estado de San Luis Potosí, informó la Comisión Nacional de Seguridad (CNS). Las autoridades informaron que José Gerardo Zúñiga Herrejón, fue identificado como el líder de la organización. La CNS indicó que información de inteligencia permitió ubicar un domicilio en la colonia Progreso de la capital potosina, que era usado como casa de seguridad. Asimismo, fue aprehendida Erika Tonantzin Duque Medellín, de 22 años, originaria de San Luis Potosí, quien presuntamente fungía como contadora de la organización en esa entidad y recibía el pago de las extorsiones a bares y comercios. El tercer detenido fue José Gerardo González Almendárez, encargado de coordinar la venta de droga al menudeo en la entidad.




Periódico La Jornada

Domingo 28 de septiembre de 2014, p. a39


Con una marcada diferencia de cerca de 100 puntos respecto del segundo lugar, Rommel Pacheco se llevó la medalla de oro en la final de trampolín tres metros varonil del Festival Deportivo Panamericano, mientras Rodrigo Diego recibió la plata. En la fosa de la Alberca Olímpica Francisco Márquez, Pacheco sumó 511.05 puntos, Diego 411.95 y el brasileño Ian Carlos Matos se colocó tercero con 397.20. Gabriela Agúndez, de 14 años, ganó bronce en plataforma con 344.75 puntos, detrás de las medallistas olímpicas canadienses Roseline Filion (358.80) y Meaghan Benfeito (358.65), primero y segundo lugares. En natación, María Jiménez consiguió la primera presea dorada, en 200 metros pecho con tiempo de 2:41.35 minutos, por delante de la argentina Ana Presumido (2:46.64) y la puertorriqueña María Burgos (2:48.09). Ayumi Macías fue tercera en 200 libres con 2:06.20; dominó Brasil al hacer el 1-2 con Gabrielle Roncatto (2:03.94) y Mila Esquerdo (2:05.41).



Segunda matanza de más de 20 en Tlatlaya que involucra a integrantes del Ejército




Gustavo Castillo García


Periódico La Jornada

Domingo 28 de septiembre de 2014, p. 9


Para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el municipio de Tlatlaya, donde 22 personas fueron supuestamente abatidas por militares en un enfrentamiento ocurrido el pasado 30 de junio, forma parte del corredor natural que utiliza el narcotráfico en esa región del sur del estado de México.


También, desde 2008 hay registro de una matanza de más de 20 personas y de cómo efectivos del Ejército Mexicano limpiaron la escena del crimen. El 102 batallón de infantería, dependiente de la 22 Zona Militar, con sede en Toluca, llegó a Tejupilco en 2010, otro municipio considerado uno de los centros de operación de organizaciones criminales, y en 2011 supuestamente dos militares fueron acusados de recibir sobornos de integrantes del cártel de La familia michoacana.


Fuentes castrenses señalaron que los ocho militares detenidos por su presunta participación en la muerte de 22 personas el pasado 30 de junio en una bodega del poblado de San Pedro Limón, serán sometidos a juicio en el ámbito castrense por faltas a sus deberes institucionales, y están en espera de que la Procuraduría General de la República (PGR) los requiera para que comparezcan ante el Ministerio Público Federal y se defina si las víctimas fueron ejecutadas por los soldados o murieron enfrentándose a ellos.


En la historia de San Pedro Limón se han registrado dos hechos de violencia en los que más de 20 personas han sido abatidas. El 18 de agosto de 2008, unos 20 hombres armados y presuntamente vestidos con ropa tipo militar llegaron al tianguis del poblado y abrieron fuego contra la población que allí se encontraba.


Arribaron a bordo de tres camionetas y supuestamente asesinaron a 23 personas. Posteriormente –de acuerdo con la información publicada ese año por el fallecido periodista Miguel Ángel Granados Chapa–, llegaron al lugar otros vehículos “ocupados por miembros del Ejército, quienes retiraron los cadáveres, recogieron los casquillos y limpiaron la escena.




Despojaron de sus teléfonos celulares a los espantados vecinos y visitantes, y se las arreglaron para hacerles saber que era preferible que no se supiera nada de lo ocurrido. Quizá disuadieron también al personal de la agencia del Ministerio Público, incluidos agentes ministeriales, que supieron de los hechos pero no cumplieron sus funciones, pues no se inició averiguación previa alguna.


El 14 de mayo de 2010, Guillermo Galván Galván, entonces secretario de la Defensa Nacional, aseguró que se instaló el 102 batallón de infantería como resultado de un análisis de la situación que se vive en esta entidad, toda vez que el narcotráfico emplea este corredor natural para conectarse con otras regiones y llevar a cabo el trasiego de drogas ilícitas.


En la ceremonia de inauguración de las instalaciones de dicho batallón, el jefe militar aseguró que ahora contaremos con efectivos militares acordes para combatir este flagelo de la sociedad que intenta arraigarse en esta área y acrecentar sus actividades delictivas, que incuestionablemente dañan a la población, pero sobre todo a la juventud y la niñez.


De acuerdo con los registros de la Sedena, desde 2012 el comandandante de la 22 Zona Militar y mando regional del 102 batallón de infantería es el general José Luis Sánchez León, quien laboró en el Estado Mayor Presidencial y en 2005 era jefe de la sección quinta y encargado de la seguridad del Ejecutivo federal.


En diciembre de 2013, la PGR ejercitó acción penal contra cuatro integrantes de ese batallón por haber abatido a cuatro funcionarios de Arcelia, en Guerrero, entre ellos el director y el subdirector de Tránsito de ese municipio cercano a Tlatlaya; los hechos fueron confirmados por medio de un comunicado de prensa emitido por el gobierno guerrerense.






U


n día después de que el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, denunció como guerra sucia la solicitud de juicio político en su contra –interpuesta por un grupo de asociaciones civiles y humanitarias–, salieron a la luz diversas placas fotográficas sobre los hechos ocurridos el pasado 30 de junio en Tlatlaya, estado de México, donde 22 civiles murieron a manos de elementos del Ejército. A partir del análisis de estas imágenes, difundidas en la edición de ayer, expertos en criminología formularon señalamientos tan delicados como que 14 de las 22 víctimas fueron ultimadas a corta distancia y que la escena de los hechos ‘‘fue totalmente manipulada; hubo cuerpos que fueron sembrados y se desaparecieron evidencias”.


A ello se suma la detención de una decena de efectivos militares involucrados en el caso, elementos que, en conjunto, multiplican las dudas existentes sobre la versión oficial de los hechos mencionados. Como se recordará, luego del episodio, el gobierno federal afirmó que la muerte de los civiles se había dado en el contexto de un enfrentamiento. Tal versión, inverosímil desde un inicio, fue, sin embargo, respaldada por la propia CNDH, cuyo titular afirmó: Tenemos claridad de que se trató de un enfrentamiento, declaración tan desafortunada como improcedente que desvirtúa desde un inicio las investigaciones sobre los hechos anunciadas por ese organismo.


El caso es ilustrativo del desempeño errático que ha tenido la CNDH, cuya construcción ha costado mucho al país en términos económicos, políticos y sociales a lo largo de la gestión de Raúl Plascencia, quien, como se mencionó el pasado jueves en este mismo espacio, se ha caracterizado por las omisiones respecto de sus responsabilidades y la obsecuencia ante el poder.




Esas conductas serían graves en cualquier circunstancia, pero en la actual lo son aún más en razón del deterioro que experimenta la observancia de los derechos humanos en el país. No es casual que México destaque por sus evaluaciones negativas en prácticamente todos los informes sobre derechos humanos emitidos por organismos nacionales, multinacionales y por organizaciones no gubernamentales.


Sería injusto e improcedente achacar a la CNDH la responsabilidad total por la situación en materia de derechos y garantías fundamentales del país, habida cuenta de que la vulneración de éstos es fundamentalmente un fenómeno correlativo a las acciones u omisiones de las autoridades. Pero también es inadecuado eximir a la entidad que encabeza Plascencia Villanueva por las omisiones cometidas hasta ahora, y por lo que parece ser una renuencia sistemática de su parte a señalar responsabilidades de los distintos niveles de gobierno ante hechos como la masacre de Tlatlaya o el asesinato del menor Luis Alberto Tehuatlie en Puebla.


Antes que evocar fantasmagóricas guerras sucias o campañas en su contra, sería deseable y necesario que el ombudsman nacional empleara los recursos a su alcance, que no son pocos, en cumplir con el mandato del organismo público que encabeza. De otra forma, difícilmente se podrá contener, y menos revertir, el descrédito que padece la CNDH entre activistas y organizaciones humanitarias y entre amplios sectores de la sociedad.






Afp y Ap


Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2014, p. 21


Los Ángeles, 26 de septiembre.


Un hombre que intentó convertir al Islam a sus compañeros de trabajo decapitó a una de ellos con un cuchillo tras ser despedido de una distribuidora de alimentos en un suburbio de Oklahoma, informó la policía este viernes.


El sospechoso, identificado como Alton Nolen, de 30 años, fue al estacionamiento, condujo su vehículo hasta la entrada del edificio de Vaughan Foods, entró por la puerta principal y mató con un cuchillo a Colleen Hufford, de 54 años.


Luego apuñaló varias veces a Traci Johnson, de 43 años, antes de ser baleado por Mark Vaughan, un reservista de la oficina del jefe policial y director de operaciones de la compañía.




Nolen, quien sobrevivió y se está recuperando en un hospital, parece haber elegido a sus víctimas al azar, dijo en una conferencia de prensa el portavoz de la policía de la ciudad de Moore, Jeremy Lewis.


Los oficiales detallaron que por el momento no había indicaciones de que hubiera algún vínculo con ejecuciones similares de yihadistas en Siria y Argelia.





Silvia Chávez


Corresponsal


Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2014, p. 27


Naucalpan, Mex. Ediles de esta localidad solicitaron al Órgano Superior de Fiscalización de la Legislatura estatal investigar un probable sobrejercicio de recursos públicos en la compra de una máquina asfaltadora, en el trienio del ex alcalde José Luis Durán Reveles, que la adquirió en 53 millones de pesos y cinco años después tiene un precio de 27 millones de pesos. Argumentaron que nunca fue utilizada porque no se capacitó a personal. Fue una adquisición atípica, sospechosa y con gasto exagerado, expuso el regidor perredista Eduardo Gutiérrez Camargo. Recordó que la máquina fue adquirida en 2009 y desde entonces está abandonada en un predio, a la intemperie y le han robado algunas piezas.



El gobierno federal privilegia la fuerza ante los problemas nacionales, dice Morena




Alma E. Muñoz


Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2014, p. 6


La dirigencia nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aseguró ayer que las fotografías publicadas por La Jornada sobre el asesinato de 22 personas en Tlatlaya, estado de México, dan cuenta de excesos autoritarios y evidencian que el gobierno federal privilegia el uso de la fuerza para resolver problemas ­nacionales.


En conferencia de prensa, Martí Batres, presidente nacional del partido, aseguró que la responsabilidad de toda esta masacre, no me refiero sólo a este caso, sino a las decenas de miles de muertos que ha habido en los dos sexenios, es de los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto.


Por tanto, indicó, la responsabilidad principal es de la autoridad civil. Son los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto los que han metido al Ejército a hacer tareas de policía, no olvidemos eso, agregó.




Confió en que realmente se investigue el caso y ojalá las investigaciones sean a fondo e imparciales porque se trata de un hecho muy grave, insistió.


Evidencia que la estrategia de buscar resolver problemas nacionales con el uso de la fuerza puede llevar a situaciones como ésta, esto no es el camino, apuntó.


El presidente de Morena aseguró que urge cambiar el rumbo de la nación para que haya paz, seguridad y tranquilidad. Se necesita, dijo, justicia social, crecimiento económico, empleo y reconstrucción del tejido social.





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Jordi Pujol, ex presidente de Cataluña, fue abucheado por manifestantes al salir del ParlamentoFoto Reuters




Armando G. Tejeda


Corresponsal


Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2014, p. 21


Madrid, 26 de septiembre.


No he sido nunca un político corrupto, lo digo rotundamente. Nunca he cobrado por hacer favores políticos, salvo mi sueldo como presidente, dijo este viernes el ex presidente de Cataluña Jordi Pujol ante el Parlamento regional.


El presidente de la Generalitat de 1980 a 2003 respondió a acusaciones de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, en una sesión en la que la oposición en pleno lo interpeló con dureza y lo acusó de acumular una fortuna familiar de origen ilícito.


Pujol, de 84 años, reconoció en julio pasado que ocultó dinero en paraísos fiscales, en particular en Suiza, durante 34 años, y renunció entonces a todos sus privilegios.


El político, quien fue símbolo del nacionalismo moderado, precisó hoy por primera vez que la herencia de su padre fue de 140 millones de pesetas (aproximadamente un millón de dólares de los años 80), que aumentaron progresivamente a causa de las diversas devaluaciones que sufrió la moneda que entonces tenía España.


La existencia de dinero en el extranjero puede ser criticada, pero no presupone que el origen de ese dinero sea ilícito o proceda del erario público, dijo y acusó al resto de formaciones de hacer una causa general en su contra y de Convergencia i Unió (CiU).




Nunca he recibido dinero por una decisión política, he intentado que se llegara a acuerdos, abrir puertas, establecer puentes para conseguir determinadas inversiones o para solucionar conflictos políticos y sociales, dijo Pujol, quien fue abucheado por manifestantes mientras abandonaba el Parlamento catalán en Barcelona.


El vocero de la gobernante CiU, Jordi Turull, coincidió con Pujol en que asistimos a un linchamiento público, que llega al límite de la hipocresía política.


La vocera del conservador Partido Popular (PP), Alicia Sánchez Camacho, acusó a Pujol de instalarse en una mentira permanente y sostuvo: el ideólogo del catalanismo político ha mentido a todos. No sé si será corrupto, eso lo dirán los tribunales, pero lo que sí sé es que no tiene credibilidad.


Al margen de la comparecencia, el presidente catalán Artur Mas mantiene su hoja de ruta para un referendo independentista el 9 de noviembre y al que convocará este sábado de forma oficial.





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El vocero yaqui Tomás Rojo Valencia en un foro por la libertad de Mario Luna, en Ciudad UniversitariaFoto Pablo Ramos




Blanche Petrich


Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2014, p. 8


El derrame de 40 mil metros cúbicos de sustancias tóxicas en los ríos Bacanuchi y Sonora, procedentes de las minas del Grupo México en el norte sonorense, afecta y agrava el diferendo que mantienen las autoridades estatales con la tribu yaqui por el control del río Yaqui, en la parte sur, a pesar de los 800 kilómetros que median entre las dos regiones.


Tomás Rojo Valencia asegura en entrevista: Como ahora el agua del río Sonora está contaminada, van a decir que hay más escasez en Hermosillo. Y tendrán más pretextos para seguir robándonos el líquido que nos corresponde como pueblo yoremia, o yuemem, como nos llamamos nosotros. El conflicto se profundiza.


Sobre este dirigente, uno de los voceros de la tribu, miembro del Consejo Yaqui de Vícam, pesa una orden de aprehensión por la misma causa penal que se sigue contra los dos líderes que ya están presos, Mario Luna y Fernando Jiménez. Rojo Valencia sabe que su detención puede ser inminente. Pero afirma que a pesar de la embestida gubernamental, a él y a su gente no les queda más que seguir defendiéndonos.


En Sonora, dice, hoy se vive una verdadera guerra por el agua, una crisis del sistema hídrico en una entidad cubierta por uno de los desiertos más feroces de América del Norte. ¿Y qué cosa hace el gobernador Guillermo Padrés ante esta crisis? Pues que ante el nuevo frente de conflicto que tiene abierto en la cuenca del Río Sonora, con los poblados ribereños afectados por la contaminación y en pleito hasta con el propio gobierno federal, no trata de resolver los problemas con nosotros, sino todo lo contrario, nos mete más presión. Parece que le dijo a sus operadores: vayan y desquítense con los yaquis.


La acusación en contra de los tres líderes es por secuestro y robo. Pero antes de explicar los hechos concretos que llevaron a esta causa penal, Rojo Valencia insiste en que se comprenda todo el contexto del devenir de nuestro pueblo, desde tiempos del virreinato, cuando por gestión de los jesuitas se reconocieron los ocho pueblos que hoy todavía constituyen su territorio. Y los pronuncia en su propia lengua: Cócorit, que significa picante silvestre; Bácum, agua estancada o remanso; Tórim, roedor gigante; Vícam, punta de flecha; Pótam, (de donde es originario Mario Luna), nido de tuzas; Rahum, agua que brota; Huíriris, pájaro nocturno, y Belem, tierra decantada.


Por las aportaciones que la tribu yaqui hizo durante la guerra de Independencia, las guerras del Valle del Yaqui y la revolución contra el porfiriato, Lázaro Cárdenas les concedió, mediante decreto presidencial, un territorio de 485 mil hectáreas y el control de 50 por ciento de las aguas de la presa La Angostura.


Y como todo mundo sabe, en este país el último reducto de la defensa de los recursos naturales somos los pueblos indígenas.


–¿Cómo fue el incidente concreto que dio pie a la acusación del gobierno estatal de secuestro y robo contra ustedes?


–Primero hay que explicar el contexto. Durante décadas, nuestra tribu ha construido instituciones propias, políticas, de producción, de organización social, cultura. Y, muy importante, un régimen legal que, junto con todo lo demás, es base de nuestra identidad. Entre los mecanismos internos necesitamos correctivos para mantener el orden. Eso fue lo que se aplicó al señor Francisco Delgado, que entonces era secretario de la tribu en Vícam, cuando en junio de 2013 pasó con su camioneta en estado inconveniente a alta velocidad por el plantón y puso en riesgo la seguridad de los niños y mujeres que estaban haciendo guardia en el área de la cocina, a la orilla de la carretera. Se le buscó, se le presentó ante la guardia tradicional, una enramada rústica donde se le alimentó; se le dio cobijo. Al día siguiente se le juzgó en una asamblea presidida por los gobernadores, los capitanes, los comandantes, los pueblos mayores y menores. Y la tropa yoreme, que son los niños, mujeres, hombres y ancianos. Se le sometió a la vergüenza pública, eso sí.




¿Ignorancia o desprecio a una tribu?


–¿Y por eso los acusan de secuestro?


–No sé si es por ignorancia o por desprecio a nuestra tribu y sus leyes. Pero lo que están haciendo es criminalizar nuestras leyes. Y además están violando sus propias leyes, porque no hay debido proceso; están fabricando pruebas y cometiendo muchas irregularidades en las detenciones y en el proceso legal.


–Ustedes han dicho que el actual diferendo es como una nueva guerra del yaqui.


–Sí, pero de la cual el único responsable es el gobernador Padrés, que de una manera totalmente injusta y arbitraria quiere privarnos del agua que nos corresponde. Solamente desde abril de 2013 a abril de 2014 extrajeron 30 millones de metros cúbicos. Pero esa agua que se llevan a Hermosillo tiene un propietario, que es la tribu yaqui.


–La Suprema Corte de Justicia ordenó al gobierno de Sonora que les restituyera el derecho de audiencia y consulta, en una sentencia reciente. ¿Qué ha pasado con esa consulta?


–Está en proceso. Pero según los estándares internacionales, tiene que ser previa, libre e informada, culturalmente adecuada y de buena fe. Ni fue previa porque el acueducto ya está operando; ni es libre porque no estamos exentos de las presiones políticas y legales del gobierno del estado en contra nuestra. En el contexto que estamos viviendo difícilmente se puede llevar a cabo un ejercicio legal, social e institucional al interior de la tribu.


–¿Actualmente la tribu yaqui vive de la agricultura?


–Vivimos de los ingresos de la renta de la tierra. La actividad agrícola ya no la realizamos nosotros, sino grandes grupos agrícolas con capacidad económica. Más de 95 por ciento de nuestra tierra está rentada. ¿Porqué? Porque un productor yaqui que posea, digamos, en promedio ocho hectáreas y quisiera sembrar trigo, que es lo que mejor se adapta a las condiciones, pues caería en cartera vencida en muy poco tiempo, casi automáticamente, por los precios de producción. Para alcanzar el punto de equilibrio para obtener ganancia, con el trigo, lo que se necesita es sembrar más o menos 70-80 hectáreas.


Esa es una limitante que tenemos nosotros y que tiene su origen en las políticas para el campo que se adoptaron desde tiempos de Carlos Salinas de Gortari.


–¿Cómo se empezaron a movilizar?


–Empezamos con información, denuncias, desobediencia civil y resistencia civil, pero también la lucha legal. La protesta es importante, de lo contrario difícilmente se puede influir en el ánimo social y en los juzgadores para la aplicación correcta de la ley. Y claro, el punto de inflexión fue el bloqueo de la carretera internacional 15, en el tramo que va de Obregón a Guaymas, en el kilómetro 47.5. Ahí está nuestro retén.






E


l anuncio de la participación de México en las fuerzas de paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU), formulado por el presidente Enrique Peña Nieto durante la Asamblea General de ese organismo con sede en Nueva York, constituye uno de los virajes más trascendentes en cuanto a la conducción de la política exterior de nuestro país, que tradicionalmente se ha mantenido al margen de los conflictos extranjeros y de los cuerpos expedicionarios.


En efecto, salvo un pequeño periodo de participación de México en los cuerpos de paz de la ONU entre 1947 y 1949 –años en los que militares nacionales asistieron como observadores en los Balcanes y Cachemira, respectivamente–, nuestro país no había contado con presencia en los llamados cascos azules, en buena medida a consecuencia de su tradicional principio diplomático de no intervención.


El anuncio de Peña Nieto representa el cambio fundamental en una política de Estado que reviste aspectos criticables tanto en la forma como en el fondo, empezando por el hecho de que un anuncio de esa magnitud fue formulado en un foro internacional y frente a gobiernos extranjeros, lo que obliga a preguntarse si la decisión fue adoptada en función de los intereses de éstos y no del bienestar nacional.


Por otra parte, la determinación del Ejecutivo de inscribir al país en los cuerpos militares de la ONU constituye una anomalía institucional, en la medida en que se adoptó sin consultar al Senado de la República, que es la instancia legislativa encargada, por mandato constitucional, de fiscalizar la política exterior, a lo que se suma la omisión al deber político y moral de considerar la opinión de la ciudadanía.




Semejante conducta es consistente con una administración federal que se ha caracterizado por realizar modificaciones relevantes a la institucionalidad del país sin antes construir los consensos sociales y políticos necesarios para ello.


Más allá de las razones enunciadas, con la incorporación de México a las misiones de paz nuestro país se coloca como miembro de una corporación que enfrenta un desprestigio creciente y que en no pocas ocasiones se ha erigido en factor de agravamiento de las violaciones a los derechos humanos en los sitios en que ha sido emplazada: a las actitudes omisas e indolentes de los cascos azules frente a crímenes de lesa humanidad como los que se registraron en Bosnia y en Ruanda a finales del siglo pasado, se agregan los señalamientos de explotación sexual y abuso infantil en contra de sus integrantes, en naciones como Haití y el Congo.


En suma, los casos mencionados dan cuenta de que, bajo la bandera del organismo internacional y de las llamadas misiones de paz, pueden cometerse acciones abusivas que se traducen en un deterioro de los derechos humanos a escala mundial. Habría sido deseable que el gobierno mexicano –cuya imagen internacional en materia de derechos humanos es de por sí desfavorable– atienda esas consideraciones antes de integrar al país a una fuerza militar que, más que ser solución, suele convertirse en parte del problema.






Ana Mónica Rodríguez


Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2014, p. 7


Unas 300 imágenes y varios textos que narran la historia y el presente de la Universidad Veracruzana (UV) se reúnen en 350 páginas del libro que conmemora el 70 aniversario de esa institución de estudios superiores de la entidad.


El volumen Universidad Veracruzana, 70 años: una iconografía, publicado por esa casa de estudios, será presentado hoy a las 18:30 horas en el Museo de Antropología de Xalapa, por Enrique Florescano, Carlos Jurado, José Antonio Rodríguez y la rectora Sara Ladrón de Guevara.


En el texto de presentación, Ladrón de Guevara escribe que el libro acerca de la UV ofrece un atisbo a su historia, su trayectoria, su misión, sus contribuciones, sus fortalezas y su compromiso con la sociedad a la que se debe y a la que, creemos, ha sabido responder con responsabilidad.


Para llevar a buen fin esta tarea, prosiguió, convocamos a un grupo de conocedores y especialistas, quienes describen un panorama a un tiempo general y detallado, en y desde sus respectivos campos de conocimiento.


También se subraya el quehacer persistente de difusión de la cultura, el cual es una función sustantiva, emblemática, que la destaca al ser comparada con otras universidades públicas nacionales e internacionales.




Los textos de los especialistas son Una mirada al devenir histórico universitario (de Carmen Blázquez Domínguez y Ricardo Corzo Ramírez); Los espacios de la Universidad Veracruzana: una lectura histórica (Octavio A. Ochoa y Luz Angélica Gutiérrez); Educar y crear conocimiento (Carmen Blázquez y Ricardo Corzo), y Patrimonio y acervos (Maura Ordóñez, Patricia Cao Romero, Diana E. González Ortega y Ana Ma. Salazar Vázquez).


Además de Nosotros somos nuestro lenguaje: la labor editorial y la crítica literaria en la Universidad Veracruzana (Édgar García Valencia y José Luis Martínez Morales); Creación y difusión de las artes (Esther Hernández Palacios), y El cine y los deportes (Raciel D. Martínez, Adalberto Fox, Rosa María Maribel Barradas y Yanga Melgarejo), así como Historia fractal de la vinculación universitaria (José Manuel Velasco Toro).


El volumen con el cual también la UV celebra su condición y carácter de universidad pública, incluye un dossier fotográfico, bibliohemerografía y un índice iconográfico.






Fabiola Martínez, Andrea Becerril y Víctor Ballinas


Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2014, p. 19


La participación de México en las misiones de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene un fin humanitario y no es una acción de ataque, dijo ayer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, mientras en el Senado los grupos parlamentarios de PRI y PAN respaldaron el anuncio del presidente Enrique Peña Nieto, y de igual forma aseguraron que no se trata de participar en conflictos bélicos.


Grupos civiles y gobernadores, partícipes en un foro en materia de seguridad, dijeron que es positiva esta decisión porque ubica a México como promotor de la paz y brinda especialización a los enviados en cuanto a tareas de pacificación.


No obstante, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, señaló que este envío debe ser acotado a fin de mantener la tradición pacifista del Ejército Mexicano.


En el Senado, el panista Jorge Luis Preciado planteó: Hay que ser muy cuidadosos; ver primero cómo está la casa y apagar los fuegos internos. A su vez, los priístas Ismael Hernández Deras y Blanca Alcalá señalaron que la propuesta del Ejecutivo federal no implica que militares participen en conflictos armados en otras naciones.


El perredista Alejandro Encinas dijo que su bancada no avala, en forma alguna, que México intervenga en misiones de la ONU con participación militar, ya que sería una regresión a su tradicional política exterior.




México debe mantenerse como país pacifista y neutral, donde sus fuerzas armadas estén abocadas exclusivamente a garantizar la seguridad e integridad de nuestro territorio, destacó el perredista.


Hernández Deras sostuvo que México siempre ha participado en misiones humanitarias de paz, como lo hizo en el caso del terremoto que devastó a Haití, pero nunca lo hará en zonas de guerra:


La senadora Alcalá señaló que los cascos azules no necesariamente participan en acciones bélicas. En el caso de México, dijo, es el Senado el que aprueba cada salida de elementos del Ejército al extranjero, tanto para adiestramiento como para participar en ayuda humanitaria.


Por separado, el senador Preciado dijo que se trata de un planteamiento histórico del PAN, pero hay que cuidar que sea gradual y que tenga que ver con el tema humanitario, y en el caso específico de envío de tropas es un tema en el que tendríamos que irnos despacio.


El panista recalcó que si bien el artículo 89 constitucional establece que el presidente de la República puede solicitar que tropas salgan al extranjero, otro artículo, el 76, faculta al Senado para autorizarlas.


Cada caso en particular debe ser revisado por el Senado, agregó el coordinador panista, e insistió en que no puede especular si los militares van a combatir a Irak, Siria o Irán.






Ulises Gutiérrez Ruelas


Corresponsal


Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2014, p. 6


Hermosillo, Son., 25 de septiembre.


La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que 3 de los 22 casos de afectaciones a la salud en pobladores del río Sonora, tras el derrame de tóxicos de la mina Buenavista del Cobre, corresponden a menores de edad.


En un informe, la dependencia precisó que la mayor cantidad de daños a la salud ha ocurrido en el municipio de Arizpe, donde se documentaron 9 de los 22 casos de personas con enfermedades como males respiratorios, padecimientos de la piel o gastrointestinales, que estarían ligados al derrame. El resto de los casos se registraron Bavíacora, Banámichi, Ures, Aconchi, Cananea y Hermosillo.


En Hermosillo, el titular de la Cofepris, Mikel Arriola, aseguró que a corto plazo podría liberarse el consumo de productos lácteos elaborados en poblaciones aledañas al río Sonora, una vez que en los estudios realizados se confirmó que no han estado contaminados en ningún momento.


Alcaldes piden ayuda


Por otra parte, los alcaldes de los siete municipios que se benefician del río Sonora exigieron al gobierno federal evitar la ‘‘tragedia’’ que significaría el fin de la actividad económica y una amenaza para la vida en la región, incluso en Hermosillo, en cuyas dos presas se almacena el agua del mencionado cauce.




El presidente municipal de San Felipe de Jesús, José Eleazar de la Torre, leyó ante el gobernador Guillermo Padrés y el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, un documento en el que expuso que el represo de jales construido a un costado de donde nace el río Sonora, en Cananea, podría derramarse y dar el tiro de gracia a toda actividad en la zona.


‘‘Es primordial recordar que es el río el motivo principal de la existencia de nuestros pueblos, afectarlos es afectar nuestro patrimonio, nuestro futuro y nuestras vidas’’, expuso Eleazar de la Torre. Aun después de que la noticia de la tragedia ecológica (del 6 de agosto) dio la vuelta al mundo, uno de nuestros compañeros alcaldes identificó y documentó todavía un derrame más (el 21 de septiembre), y no podemos permitir que esto siga sucediendo’’, sostuvo.


Destacó que entre los habitantes hay la percepción de que las autoridades están siendo permisivas con Buenavista del Cobre, de Grupo México, que ha tenido derrames y filtraciones por casi dos meses.




Peña Nieto ordena reanudar la expedición de la cédula de identidad; promete fondos




Fabiola Martínez


Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2014, p. 9


El presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a revisar las condiciones presupuestales con vistas a la expedición de una clave única de identidad (cédula) para todos los mexicanos. Aquí dejo indicaciones al secretario de Gobernación para que encabece los trabajos de revisión de este tema, dijo el mandatario frente a gobernadores, policías y miembros de la sociedad, que participaron en el tercer foro nacional Sumemos causas.


La indicación es trabajar con las agrupaciones civiles dedicadas a los temas de seguridad, así como del resto de los integrantes del consejo nacional en la materia. También están convocados a este análisis los funcionarios de los gobiernos estatales y federal.


El objetivo es alcanzable si todos trabajamos al unísono, manifestó el mandatario, al recibir las propuestas de representantes de grupos involucrados en la investigación o asesoría en el área de seguridad.


La cédula de identidad fue un tema revisado durante el sexenio anterior, en medio de una crisis de violencia e inseguridad. Desde los acuerdos de 2007-2008 se hizo referencia a la obligación del Estado mexicano de dotar de un mecanismo de identificación oficial para todos los habitantes del país, pero sobre todo para generar una herramienta en el combate contra el crimen.


El inicio del proyecto se concibió para registrar (con elementos biométricos) a unos 27 millones de niños y jóvenes de entre 4 y 17 años de edad. Acorde con los libros de finales de la administración de Felipe Calderón, se destinaron al programa más de 3 mil millones de pesos y, con dificultades operativas y legales (hubo incluso una controversia constitucional), se registraron los datos de 6.6 millones de menores, pero sólo se alcanzó a otorgar el documento a 3.4 millones. Para 2015 se prevé un mayor presupuesto para el Registro Nacional de Población, pero aún no se informa cuál es el motivo.




Ayer, el presidente Peña Nieto dijo que la clave única de identidad es un tema de la mayor trascendencia, pospuesto por varias décadas o por varios años.


Como lo anticipó este diario, María Elena Morera, presidenta de Ciudadanos por Una Causa Común, asociación civil, pidió al Presidente la expedición de la clave de identidad, derecho ciudadano consagrado por ley desde 1994.


Solicitó una política de Estado para evitar la usurpación de identidad; este registro es multifuncional, le dijo, porque lo mismo sirve para verificar los datos de un policía o un empresario proveedor del gobierno que para evitar el mal uso de programas sociales.


Los integrantes del foro plantearon, además, buscar un mecanismo de supervisión externa de la Policía Federal, así como un impulso a la comisión especial de desarrollo policial.


En la conclusión del encuentro se destacó la necesidad de pasar del control de confianza de los policías a la certificación de los mismos, para valorar a los que se quedan y despedir –con respeto a sus derechos– a quienes no aprueben.


Peña Nieto tomó nota de la batería de propuestas que servirán, dijo, para tener policías más confiables y destacó la importancia de la colaboración con los ciudadanos para mejorar la seguridad.




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