diciembre 2018

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El debate entre los cinco aspirantes a la Presidencia de República se caracterizó por ataques a Andrés Manuel López Obrador, descalificaciones, evasivas, además por datos y frases falsas.

La iniciativa de Periodismo colaborativo Verirficado 2018 – de la cual forma parte Proceso— revisó algunas de los dichos que utilizaron los candidatos y encontró que muchas de éstas fueron erróneos.

Verificado 2018 encontró que las cifras ofrecidas por Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador respecto a que suman más de un millón de víctimas de violencia acumuladas de los dos últimos sexenios son erróneas.

De acuerdo con los últimos reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que consultó la iniciativa, de 2015 a 2017 hubo 839 mil 621 víctimas; es decir, la cifra que está cerca del millón que mencionan los candidatos resulta de la suma de tres años y no dos sexenios.

También es falsa la frase del candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, respecto a que “Nuevo León es el único estado que ha bajado el índice delictivo”.

Una revisión a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reveló que la incidencia delictiva se incrementó un 12.88%, de 2015 a 2017, los años en que gobernó “El Bronco”. La misma fuente además señala que las cifras por homicidio doloso también se incrementaron. En 2015, se cometieron 451 y al cierre de 2017 fueron 613, por lo que la tasa por cada cien mil habitantes pasó de 9 a 12.

Además resultó falso que durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador los secuestros crecieran 88%, según dijo el candidato de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, así como lo dicho por el candidato del PRI-PVEM-PANAL, José Antonio Meade, de que de cuatro de cada diez robos de vehículos del país ocurrieron en la ciudad.

El equipo de Verificado 2018 revisó las cifras oficiales delictivas de 2000 a 2005 y encontró que Andrés Manuel bajó el número de secuestros en la capital, de hecho en este mismo periodo de tiempo, la tasa de secuestros por cada 100 mil habitantes en la Ciudad de México se redujo un 27.22%. En el 2000 se registraron 141 averiguaciones por secuestro y en 2005 bajó a 103.

De la cifra presentada por Meade Kuribreña , Verificado2018 encontró que son engañosas, pues sobre el robo de vehículos, entre 2000 y 2005 se tiene un total de 883 mil 411 robos en todo el país de 2000 a 2005, y en la Ciudad de México ocurrieron el 24% de estos delitos, es decir 208 mil 916.

Tampoco resultó cierta la frase de Ricardo Anaya, respecto a que en el Salvador la aplicación de una amnistía provocó que los homicidios crecieran a 108 por cada 100 mil habitantes.

Según lo consultado por la iniciativa, en El Salvador el gobierno impulsó una tregua de pandillas entre 2012 y 2013 para reducir la violencia y a cambio dio beneficios a los líderes de las pandillas que estaban encarcelados.

Las tasas de homicidios cayeron a la mitad, hasta reducirse a seis homicidios diarios, en promedio. La ruptura de la tregua, en 2014, hizo que la cifra subiera a 10.7 muertes violentas diarias y la tendencia alcanzó las 14 víctimas al día para 2015.

Jaime Rodríguez Calderón también mintió respectó a que en Nuevo León no existe ningún programa asistencialista.

Según la organización civil Frente a la Pobreza, un programa asistencialista es una transferencia de recursos monetarios o bienes a la población para aliviar problemas sociales, pero sin necesidad de resolverlos. Ahora bien, entre los programas del gobierno de Nuevo León de este tipo están la entrega de pasajes para transporte, el pago de servicios funerarios, para medicinas y hospedaje. En ese estado además también hay apoyos para adultos mayores y para personas con discapacidad, de $700 pesos mensuales en ambos casos.

Esta información está disponible en el sitio web del gobierno del estado en el área de “Programas de asistencia, atención y apoyo del DIF Nuevo León”.

En estos links se pueden consultar otros apoyos del gobierno local:

http://bit.ly/2CIFjU4

http://bit.ly/2Tld8jc

http://bit.ly/2CHCl1M

Finalmente, también resultó engañoso el dato de Ricardo Anaya respecto a que cuando Andrés Manuel fue jefe de Gobierno de la ciudad, las inversiones cayeron 40%.

El cambio porcentual de la inversión extranjera directa entre 2001 y 2005, periodo en el López Obrador fue jefe de Gobierno, sí fue efectivamente de -39%. Sin embargo, esto se produjo directamente por la compra de Banamex efectuada por Citigroup en 2001.

En realidad, la Ciudad de México culminó el 2001 con una inversión extranjera de 10 mil 201 millones de dólares de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía. En los dos años posteriores, la cifra de inversión directa extranjera en la capital disminuyó, pero de 2003 a 2005 esta fue al alza y en 2005 cerró con una inversión de 6 mil 239 millones de dólares.

*Este texto se publicó originalmente el 23 de abril del 2018.

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La secretaria de Gobernación y exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, se negó a transparentar al público en general sus datos patrimoniales y sus posibles conflictos de interés: en su declaración de servidora pública disponible en Declaranet, solo indicó su trayectoria profesional, que incluye entre otros la función de titular de la notaría pública 182 de la Ciudad de México, ubicada en el exclusivo barrio de las Lomas de Chapultepec.

Su caso no es aislado: Esteban Moctezuma Barrangán, ahora titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y Julio Scherer Ibarra, el consejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador, tampoco quisieron que la Secretaría de la Función Pública (SFP) diera a conocer a la ciudadanía sus situaciones patrimoniales y posibles conflictos de interés. En los últimos 17 años, Moctezuma fue presidente de la Fundación Azteca, del multimillonario Ricardo Salinas Pliego.

Manuel Bartlett Díaz –otrora secretario de Educación Pública y de Gobernación en los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y de Miguel De La Madrid, gobernador de Puebla y dos veces senador–; ahora director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), indicó que ingresa 313 mil 924 pesos mensuales netos –. Además, el hombre informó que es titular de fondos de inversión y de capital por 51 millones 377 mil pesos, y dueño de tres locales y dos edificios, que pagó de contado en las últimas cuatro décadas.

En los últimos días, prácticamente todos los integrantes del nuevo gabinete federal entregaron a la Secretaría de la Función Pública (SFP) sus declaraciones patrimoniales de servidores públicos, la cual a su vez publicó los documentos en su plataforma Declaranet. Los funcionarios pueden decidir que la información patrimonial y sobre posibles conflictos de interés no se den a conocer a la ciudadanía en general.

Javier Jiménez Espriú, el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, reportó que su conyugue es socia de Grupo Idesa, S.A. de C.V., la empresa que se asoció con Braskem –la filial de la brasileña Odebrecht, involucrada a su vez en un escándalo internacional de corrupción– para operar el complejo Etileno XXI. El hombre también indicó que es titular de tres cuentas bancarias, dos carros japoneses, y recordó que fue presidente del consejo de administración de Nec de México, S.A. de C.V. entre 1996 y 2016.

El canciller Marcelo Ebrard Casaubón, otrora jefe de gobierno capitalino, indicó que heredó de su madre una casa de 334 metros cuadrados en julio de 2017, e informó que no tiene vehículos a su nombre. Registró una cuenta bancaria, sin monto asociado, y planteó que su esposa, la diplomática hondureña Rosalinda Bueso Asfura, es socia de la empresa Estrategia y Comunicación Aster, S.A. de C.V.

Víctor Manuel Villalobos Arámbula, el secretario de Agricultura, es el secretario que reportó en su declaración pública el mayor ingreso del gabinete: 255 mil 265 pesos mensuales netos, divididos entre su salario de 149 mil pesos por cargo público, y 106 mil pesos por “servicios profesionales”. El hombre también indicó que es dueño de cinco casas, un departamento, dos terrenos y una oficina, que compró durante los años 2000; y que es titular de cuatro cuentas bancarias.

Le sigue María Luisa Albores, secretaria del Bienestar, quien registró ingresos por 219 mil 893 pesos mensuales netos, pues a sus 149 mil por cargo público se suman 70 mil pesos por “servicios profesionales”. La mujer reportó dos cuentas bancarias, un “terreno rústico” de 4 mil 838 metros cuadrados, así como un automóvil Chevrolet Sedan de 2007.

Jorge Alcocer Varela, ahora secretario de Salud, también reportó ingresos por “servicios profesionales”, de 35 mil pesos mensuales netos. También indicó que es propietario de un departamento de 95 metros cuadrados y de una camioneta Land Rover que compró por 651 mil pesos a crédito en 2012; y que es titular de una cuenta bancaria y una participación en un fondo de inversión.

Carlos Urzua Macías, quien encabeza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reportó ingresos por 111 mil 792 mil pesos mensuales netos, así como un local y una casa de 435 metros cuadrados, pagada a crédito en 2009. En materia de inversiones, registró una cuenta bancaria dotada de 38 mil 496 dólares e informó sobre la incorporación de un fondo de inversión por 2 millones 20 mil pesos, así como un rubro de “organizaciones privadas” por un millón 580 mil pesos.

Miguel Torruco Marqués, el consuegro de Carlos Slim Helú quien dirige la Secretaría de Turismo (Sectur) en la administración de AMLO, reportó por su parte tres casas –una que heredó de su madre, y dos de más de mil metros cuadrados pagadas por contado en 1988 y 2015–, así como inversiones en fondos de inversión y una cuenta bancaria, con montos desconocidos.

La académica Graciela Márquez Colín, quien en los últimos 15 años fue investigadora en el Colegio de México, planteó que es dueña de dos departamentos y una casa –todos comprados a crédito entre 1992 y 2009–, así como de cuatro cuentas bancarias, cinco tarjetas de crédito y créditos hipotecarios.

Octavio Romero Oropeza, el actual director general de Pemex, registró ingresos por 191 mil pesos mensuales; una casa, dos departamentos y tres “terrenos rústicos”, así como cabezas de ganado por 3 millones de pesos y tres cuentas bancarias, en las que reportó cerca de 2 millones de pesos.

María Luisa Alcalde Lujan y Román Meyer Falcón, los dos integrantes más jóvenes del gabinete federal –con menos de 35 años–, reportaron ingresos que rondan los 100 mil pesos. La primera participa en un fondo de inversión, por un millón 448 mil pesos, y es dueña un carro japonés de 200 mil pesos y un departamento de 142 metros cuadrados comprado en 2014 por un millón 900 mil pesos; el segundo informó ser dueño de un departamento de 100 metros cuadrados, tres cuentas bancarias y… un refrigerador pagado al contado.

Hasta la fecha, aun no aparecen las declaraciones patrimoniales de Josefa Blanco Ortiz Mena –titular de la Secretaría de Medio Ambiente– y de Rocío Nahle, la secretaria de Energía; tampoco está disponible a la consulta la declaración de Alejandro Gertz Manero, el actual titular de facto de la Procuraduría General de la República (PGR), ni de Alfonso Romo, el jefe de oficina de AMLO, así como de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

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MONTERREY, NL., (apro).- Integrantes del Congreso Nacional Ciudadano (Conaci), que portaban chalecos amarillos, se manifestaron hoy en el exterior del Congreso de Nuevo León en contra de los incrementos a los impuestos vehiculares que impuso el Gobierno del estado en este fin de año.

Las prendas de ese color son las mismas que utilizaron recientemente ciudadanos en Francia para expresar públicamente su molestia por el alza en los precios del combustible.

Encabezados por el fundador del Congreso, Gilberto Lozano y del excandidato independiente a la alcaldía regia, Pedro Rodríguez, un centenar de inconformes manifestó su desacuerdo por el incremento en un 40% en el pago del refrendo, contemplado en la Ley de Hacienda del 2019 que recientemente avalaron los diputados locales.

Hubo incrementos similares en la licencia de conducir, así como la reposición de tarjeta de circulación y de placas.

Con pancartas de reproche, en la explanada de la sede legislativa, y en lo que señalaron que fue el inicio de un movimiento de resistencia civil, los presentes leyeron un texto en el que externaban su inconformidad por estos aumentos que atentan contra la economía de los ciudadanos.

“Solicitamos sean vetados los aumentos de derechos vehiculares para 2019. Superan por mucho la inflación del año 2018. Es claro que el presupuesto de egresos record que fue aprobado por la impresentable cámara de diputados dista mucho de la satisfacción de los ciudadanos de Nuevo León”, se leyó en uno de los documentos.

En el lugar se explicó que los chalecos amarillos fueron usados en esta ocasión como un símbolo mundial que representa la lucha ciudadana contra los incrementos, como ocurrió en Francia.

Luego de manifestarse en el Congreso, los integrantes del Conaci caminaron hasta el Palacio de Gobierno y llegaron hasta el recibidor de la oficina del mandatario Jaime Rodríguez, aunque no concretaron la cita que con él demandaban.

Los manifestantes anunciaron que regresaran a protestar al Palacio a partir del 2 de enero, hasta que sea revertida el alza de estas cargas impositivas.

La manifestación de hoy fue el inicio de una protesta similar a la que ocurrió el 5 de enero del 2017, cuando centenares de ciudadanos se manifestaron en el exterior del palacio de Gobierno de Nuevo León, por incrementos generalizados.

En esa ocasión hubo destrozos a vitrales centenarios y saqueo en tiendas, lo que ocasionó que decenas de personas fueran detenidas.

Pedro Rodríguez Fufito, quien convocó a aquella manifestación por la que todavía tiene un proceso abierto, se abstuvo de trasladarse del Congreso a Palacio, para evitar que su presencia fuera interpretada como una provocación.

El activista quien participó en la convocatoria para la protesta de hoy pidió a los demás integrantes de los diversos colectivos que sean cautelosos en la manifestación masiva que es convocada para el próximo 5 de enero del año entrante en la sede del Poder Ejecutivo, debido a que aún está fresca en la memoria ciudadana la jornada de violencia que se vivió ahí hace dos años.

“Hago un llamado a los diferentes grupos, colectivos y activistas, a cámaras empresariales y estudiantes a que formen un solo bloque, dejando de lado los egos, que bajen sus propias banderas y que levanten solo una, la de Nuevo León y así enviaremos un mensaje fuerte”, expuso el fundador del organismo Ciudadano Empoderado.

También pidió cautela con el uso de los chalecos amarillos, pues en Francia, si bien su uso presión al gobierno, representan un símbolo de anarquía, lo que representa despreciar la ley.

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GUADALAJARA, Jal. (apro).- El fiscal general del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez informó que hasta el momento no se ha abierto ninguna carpeta de investigación en contra de funcionarios de la pasada administración estatal, pese a que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez señaló que no perdonaría actos de corrupción.

Entre esos actos, destacan las riesgosas e irregulares inversiones que el gobierno hizo en los últimos años 12 años, con recursos del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) y de la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda (Iprovipe) en proyectos como, el acueducto de la Presa El Zapotillo, en Los Altos; el turístico de Chalacatepec, en la costa Alegre; y la Villa Panamericana.

La actual administración inició el pasado 6 de diciembre, sin embargo, aún no concluye el proceso de entrega-administración de las dependencias estatales incluida la Fiscalía General, afirmó Gerardo Solís.

Añadió que, si encuentra algo “irregular” en la Fiscalía o en alguna otra secretaria, se iniciarían con “acciones administrativas” -que correrían a cargo de la Contraloría del estado-, o se presentarían denuncias de carácter penal.

“Todo el gobierno está inmerso en este proceso de entrega-recepción, entonces si hubiera en su caso algunas denuncias de inmediato las radicaríamos e iniciaríamos las investigaciones correspondientes”, refirió el fiscal.

Por otro lado, el pasado 5 de diciembre, la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), por medio del Comité contra la Desaparición Forzada solicitó a la autoridad localizar con carácter de urgente a los estudiantes de cine del CAAV que fueron levantados el pasado 19 de marzo en Tonalá (que de acuerdo la versión oficial de la pasada administración fueron disueltos en ácido); así como reasignar el caso a la Procuraduría General de la República (PGR), y enviar “la información requerida antes del 26 de diciembre”.

Sobre el tema, a Gerardo Solís se le preguntó cuál fue la respuesta que dieron a la ONU, en ese sentido mencionó que acatarían los seis puntos solicitados por el organismo internacional, entre ellos reasignar el caso a la PGR.

“En este momento estamos en un acercamiento con la (Procuraduría) General de la República para ver algunas precisiones de carácter jurídico (…) la idea es que trabajemos bien sea o de manera conjunta, o buscando alguna otra fórmula jurídica”, comentó.

Respecto a las “inconsistencias” que encontró en la carpeta de investigación de los estudiantes de cine, dijo que son valoradas por otro ministerio público, una vez revisadas, se podrían abrir otras líneas de investigación y cumplimentar órdenes de aprehensión pendientes.

Descarta que al abrirse otras líneas de investigación, sean liberados los cuatro detenidos. “En todo caso el juez de la causa tendrá que resolver al respecto, sin embargo, estoy hablando de inconsistencias en la investigación que tenemos nosotros a cargo, no en las del proceso. El proceso es otra cosa, hay personas detenidas, y están sujetos a un procedimiento penal”, afirmó.

Con relación al tema de desaparecidos, entre ellos los dos italianos, y el alto índice de homicidios, el fiscal respondió que se están reestructurando todas las áreas “no solamente para lograr el esclarecimiento y la detención, y en su caso las órdenes de aprehensión, sino en la medida de lo posible lograr la contención de fenómenos criminales” mencionó Gerardo Solís.

Estima que, con el mejoramiento de los procesos internos, el siguiente año se vean los resultados.

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VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- Nada de pleitos, reconciliación para sacar a México y Tabasco adelante, convocó en su tierra natal, el presidente Andrés Manuel López Obrador al asistir a la toma de protesta de Adán Augusto López Hernández como gobernador de Tabasco.

Ante las protestas y exigencia de cárcel para el saliente gobernador perredista Arturo Núñez, quien no acudió al cambio de poderes, el presidente López Obrador dijo que le gustó la palabra “reconciliación” utilizada por Adán Augusto en su discurso de toma de protesta y eso era suficiente.

“Ya habló el gobernador, con lo que él dijo es suficiente, me gustó mucho, el término, la palabra que Adán repitió bastante y que yo comparto, que se lleve a la práctica y se convierta en forma de gobierno: la reconciliación, nada de pleitos, amor y paz”, respondió a la prensa al término del evento.

“Entiendo de manera sincera el agravio de la sociedad tabasqueña y quiero precisar que la reconciliación no significa impunidad para nadie; no nos equivoquemos, la ley no es negociable. En Tabasco habrá respeto total al estado de derecho”, dijo Adán Augusto en su discurso.

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Ante la pregunta de cuál será su principal reto a partir de 2019, López Obrador respondió que tiene como desafío mejorar todo el sistema nacional de salud y que lo logrará para levantarlo y ponerlo a la altura de Canadá, Reino Unido y países nórdicos, con atención médica y medicinas gratuitas, de manera especial para los que no tienen seguridad social.

También, poder cumplir todos sus compromisos, pues no ha perdido impuso y están en marcha muchas acciones, entre ellas, destinar para el bien del pueblo todo el dinero “que antes se iba por el caño de la corrupción”.

“Ese es el propósito y ya comenzamos con eso, vamos bien”, resaltó y añadió que en Tabasco, con el gobernador Adán Augusto, las cosas marcharán bien y no será necesario que esté “vigilando o supervisando” su tierra natal.

Dijo que Adán Augusto, así como el gobernador de Veracruz y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Cuitláhuac García y Claudia Sheinbaum, y otros mandatarios estatales, le quitan “un peso de encima” porque cumplen con sus responsabilidades y le permite ocuparse de otros estados y de asuntos generales.

Adelantó que mañana 1 de enero enviará un mensaje al país para convocar a los mexicanos a seguir luchando juntos para hacer realidad la cuarta transformación en la vida pública.

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).—El peso cerró el año con una depreciación del 0.12% frente al dólar el 2018 en medio de una elevada volatilidad provocada por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la guerra comercial entre Estados Unidos y China, las elecciones donde resultó ganador Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

En sucursales bancarias, el billete verde se ofertó 20.04 unidades el último día del 2018; mientras que alrededor de los 19.68 pesos en operaciones interbancarias.

“Es importante destacar que a pesar de la incertidumbre que dominó al mercado durante el año que termina, el peso mexicano finaliza como una de las divisas con menores pérdidas en la canasta de principales cruces frente al dólar y entre las divisas de economías emergentes”, explicó el análisis elaborado por el Banco Base.

A su vez, agregó, lo anterior se debió a las mayores tasas de interés que ofrece el mercado local y a que en otras economías en desarrollo se presentaron serias amenazas para el crecimiento económico y la estabilidad financiera, principalmente en Argentina, Turquía, Brasil, Rusia y Sudáfrica, cuyas divisas sufrieron un castigo mayor.

De acuerdo con el análisis del Banco Base, en el 2019, la moneda mexicana se verá afectada en mayor medida por eventos al exterior del país.

En cuanto a factores externos, el mercado seguirá monitoreando la guerra comercial entre Estados Unidos y China y evaluando el riesgo de una mayor desaceleración económica, lo que representa un riesgo para la estabilidad financiera de las economías emergentes más relevantes.

Asimismo, el Banco Base, adelantó que se evaluará la rapidez con la que se apruebe en Estados Unidos el T-MEC, clave para que la relación comercial en la región de Norteamérica siga fortaleciéndose y para que sigan creciendo las exportaciones mexicanas.

Por su parte entre los factores internos, los mercados seguirán de cerca las acciones del nuevo gobierno, en particular la ejecución del gasto durante los primeros seis meses del año, para ver si existe algún desvío con respecto a lo programado que justifique un llamado de atención de las agencias calificadoras.

En balance, el año entrante probablemente seguirá siendo un año de incertidumbre para los mercados, con menos amenazas sobre México, pues ya concluyó la negociación del T-MEC, pero con mayores amenazas para la economía global.

“Se espera que el peso mexicano inicie 2019 con un escenario de elevada incertidumbre externa, ante el riesgo de una desaceleración económica en China y Estados Unidos, lo que también podría afectar el desempeño de las economías emergentes”, advirtió el análisis elaborado por Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero del Banco Base.

Además, recordó, existe una alta probabilidad de un mercado de capitales a la baja o “bear market”, lo cual también podría generar una mayor aversión al riesgo y subir al tipo de cambio.
Precisó que de manera interna también existe incertidumbre, ya que se desconoce si el nuevo gobierno respetará la prudencia fiscal delineada en el Presupuesto de 2019, algo que será observado de cerca por el mercado y por las agencias calificadoras. Estos factores internos y externos son los que podrían generar volatilidad durante el próximo año.

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MONTERREY, NL.- El saqueo de combustible de Pemex en cantidades industriales comenzó en Tamaulipas y así continúa, sobre todo en la zona noreste. Lo realizan el crimen organizado, líderes de secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y “empresarios” del transporte público de la zona metropolitana de Monterrey, confía a Proceso un teniente coronel de la Cuarta Región Militar retirado.

“El robo de combustible en Tamaulipas es al mayoreo. En estados como Puebla o Guanajuato es al menudeo, realizado por bandas criminales”, afirma el oficial, quien participó en operaciones de Fuerzas Especiales contra el Cártel del Golfo y Los Zetas y ahora es consultor para empresas internacionales de seguridad privada como Kroll International o Crisis Group.

El militar, quien habla con la condición de no publicar su nombre, dice que el 80% de los combustibles que se consumen en México son comprados principalmente a empresas de Estados Unidos y que una gran parte entra al país por la frontera de Texas a través de ductos que se conectan con la central de Pemex en Reynosa, Tamaulipas, para continuar hasta la refinería de Cadereyta, Nuevo León, y a la de Ciudad Madero, desde las cuales se distribuyen al resto del país.

“En ese trayecto se roba los combustibles en gran escala. Hay que recordar que Altamira ha sido por muchos años la región con el mayor número de tomas clandestinas”, indica.

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Las pipas de Los Zetas

A decir de la fuente, los antecedentes del robo de combustible a gran escala fueron, por una parte, la detención en Estados Unidos de cuatro ejecutivos de empresas que compraban gasolina robada en México, y por la otra, la desaparición de unos 40 miembros del STPRM, entre ellos el poderoso líder de la Sección 49 en Cadereyta, David Vega Zamarripa.

Ésta ocurrió en mayo de 2007. Por esos días también desaparecieron 38 miembros del sindicato en esa ciudad nuevoleonesa. Según información de la Sección Segunda de la Cuarta Región Militar, las víctimas se dedicaban a saquear bienes de Pemex y a robar combustibles de la refinería. Cuando llegaron a la región Los Zetas, encabezados por Iván Velázquez Caballero, El Talibán, les propusieron trabajar para ellos. Como se negaron, los mataron y se quedaron con su negocio.

Hasta la fecha se desconoce el destino de los cuerpos de Vega Zamarripa y los otros petroleros.

Para finales de 2007, el Cártel del Golfo y Los Zetas ya contrabandeaban gasolina robada a empresas de Texas. Según investigaciones del FBI en Estados Unidos, esta situación se prolongó casi dos años. El carburante se introducía por la ciudad de Brownsville en camiones cisterna color plata y marcados con una Z roja.

Según las autoridades estadunidenses, los compradores eran las firmas Continental Fuels y Valley Fuels, quienes realizaron este tipo de operaciones por más de 2 millones 400 mil dólares. Cuatro de sus directivos fueron detenidos y enfrentaron un juicio en la Corte del Distrito Sur de Texas.

“Registros de la Corte Federal que se revelaron esta semana muestran que Tim Brink, CEO de Continental Fuels, fue acusado de conspiración para adquirir petróleo que funcionarios mexicanos creen que fue robado a Pemex por Los Zetas, un cártel que desde entonces se separó del Cártel del Golfo y entró en nuevas líneas de actividad delictiva”, publicó en ese entonces el diario Houston Chronicle.

La fuente relató que Los Zetas y el Cártel del Golfo no tuvieron problemas para que las mafias sindicales de las secciones 1, 3, 36 y 49 del STPRM se asociaran con ellos en el robo de combustibles.

La sección blindada

Debido a la relación de los dirigentes sindicales con el Cártel del Golfo, que controla el sur de Tamaulipas, las oficinas de la Sección 1 de Ciudad Madero tienen cristales blindados y cuentan con tres salidas secretas para que sus líderes escapen de posibles atentados, afirma el militar retirado a este semanario.

Señala que “el hombre fuerte” en Altamira sigue siendo el jefe de la Sección 3 del STPRM, Juan Silva Villanueva, quien ha sido regidor dos veces, director de Turismo, cuatro, y en siete ocasiones titular de dicha sección.

También funcionarios de alto nivel de Pemex participan en el robo de combustible. Uno de los principales señalados es el titular de la Coordinación de Transporte y Distribución de Hidrocarburos en Altamira, quien actúa en complicidad con varios de sus subordinados.

Además se ha detectado el robo de contenedores del puerto, así como el saqueo de plástico y polipropileno en las plantas de la empresa Alfa en el puerto de Altamira.

Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, los robos al transporte de carga en Tamaulipas aumentaron 197% en los años recientes, con un promedio superior a 250 robos anuales.

Por su parte, análisis del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas muestran que la mayoría de los asaltos con violencia en carreteras se cometen a la salida de Altamira.

Klaus Ortiz, director de seguridad corporativa del Grupo Alfa, reveló en conferencia ante estudiantes de la Universidad Regiomontana que la empresa incrementó su presupuesto de seguridad en 20% por la violencia que padece Tamaulipas.

A su vez, el teniente coronel retirado destaca que el diario El Norte de Monterrey comenzó a sufrir atentados por publicar notas sobre el robo de gasolina en Tamaulipas.

También destacó que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) ha sido incompetente para detectar e investigar el robo de combustibles a gran escala y su envío a empresas de transporte público de Monterrey.

En la filtración de cables diplomáticos que realizó el portal WikiLeaks se dio a conocer que Carlos Pascual, embajador de Estados Unidos en México, se quejó de ello en informes de inteligencia que mandó al Departamento de Estado en 2009.

El militar en retiro afirma que el dísel robado se consume en las empresas de transporte público de la zona metropolitana de Monterrey, afiliadas a la priista Central de Trabajadores de México (CTM). El 30 de noviembre de 2017 las rutas camioneras 224 y 420 fueron clausuradas por ese motivo y sus instalaciones embargadas y aseguradas por las autoridades con la orden FED/NL/GPE/0003061/2017. Posteriormente la PGR cateó terminales de las rutas urbanas locales 70, 71, 92, 93, 223 del grupo Tuesa.

A decir de la misma fuente, el principal distribuidor de gasolina robada en el Noreste es Manuel Muñoz Luévano, alias El Mono Muñoz, actualmente preso en España.

Muñoz tiene en Coahuila unas 20 gasolineras en Coahuila que continúan distribuyendo huachicol, de las cuales sólo una, en el municipio de Arteaga, fue cerrada por las autoridades en marzo pasado.

En Saltillo –según el entrevistado– Mono Muñoz se hizo socio de empresarios y de políticos como Gerardo Garza Melo, con quien maneja al menos una gasolinera, la llamada Teresita, donde se vende producto robado.

Garza Melo fue secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial y renunció al gabinete de Rubén Moreira cuando Muñoz fue aprehendido en España.

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PUEBLA, Pue.,(apro).- La dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, adelantó este lunes que Luis Miguel Barbosa Huerta será nuevamente el candidato a la gubernatura en Puebla en las elecciones extraordinarias que se celebrarán en Puebla en 2019.

Entrevistada en Tabasco, la dirigente también dejó en claro que su partido se pronunciará porque los comicios poblanos, que tendrán que celebrarse luego del fatal accidente aéreo en el que perdiera la vida la gobernadora panista, Martha Erika Alonso, sean organizados por el Instituto Nacional Electoral.

Esto, argumentó, luego de que los árbitros locales de Puebla, tanto el Instituto como el Tribunal Electoral del Estado, no garantizan la imparcialidad y transparencia de la jornada electoral por el papel que desempeñaron en la elección local de este año.

“No queremos que la elección quede en manos del OPLE, hizo todas las cosas mal por eso queremos que la atraiga el INE”, declaró.

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La dirigente de Morena aseguro que morena se ha mantenido hasta este momento con respeto a la situación que prevalece en Puebla por el fallecimiento tanto de Alonso Hidalgo, como de su esposo el Senador Rafael Moreno Valle, pero consideró que son los panistas los que no han mostrado esa postura.

Cuestionada sobre la posibilidad de que el ex Senador Barbosa vuelva a repetir como candidato en la elección extraordinaria, luego del ambiente de confrontación que se vivió en la contienda electoral ordinaria, Polevnsky no dudó al responder:

“Seguramente sí, será Miguel Barbosa nuestro candidato, por supuesto, y tenemos todo para ganar como lo tuvimos en la elección pasada”, manifestó.

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras concluir las 17 jornadas de la temporada 2018 de la NFL, quedaron listos los juegos de comodines que comenzarán el sábado 5 de enero.

Ese día, los Potros de Indianápolis (10-6) se medirán como visitantes a los Texanos de Houston (11-5) a las 15.35 horas. Más tarde, a las 19.15, los Vaqueros de Dallas (10-6) recibirán a los Halcones Marinos de Seattle (10-6).

El domingo 6, los Cargadores de Los Ángeles (12-4) visitarán a los Cuervos de Baltimore a las 12.05 horas, y a las 15.50 las Águilas de Filadelfia (9-7) enfrentarán a los Osos de Chicago (12 4).

Este fin de semana descansarán los Carneros de Los Ángeles, Jefes de Kansas City, Patriotas de Nueva Inglaterra y Santos de Nueva Orleáns.

Los Juegos Divisionales se disputarán el fin de semana del 12 y 13 de enero y el domingo 20 se jugarán las Finales de Conferencia.

El Super 53 está programado para el domingo 3 de febrero a las 17.30 horas.

Todos los horarios son tiempo del centro de México.

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este martes 1 de enero comenzarán los playoffs en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) en cuya primera ronda se medirán los Charros de Jalisco a los Tomateros de Culiacán, los Venados de Mazatlán a los Yaquis de Ciudad Obregón y los Cañeros de Los Mochis a los Naranjeros de Hermosillo.

Tras las dos vueltas de la temporada regular que concluyó este domino 30 de diciembre, la repartición de puntos dejó como líder del torneo a los actuales campeones, Tomateros de Culiacán. No obstante, los Yaquis de Ciudad Obregón finalizaron con el mejor promedio de ganados y perdidos (.561).

Cañeros de Los Mochis, que concluyó la primera vuelta en el último lugar, se recuperó en la segunda parte para clasificar como el cuarto en puntos.

La LMP informó que en la campaña regular la asistencia a los ocho estadios se incrementó en 4.5 % en relación con la temporada pasada.

El cubano Elián Leyva se alzó con la Triple Corona de Pitcheo con seis juegos ganado, 2.02 de porcentaje de carreras limpias y 67 ponches.

El título de bateo se lo adjudicó el dominicano Francisco Peguero quien lo disputó con su compañero sinaloense Jasson Atondo.

El juego de este domingo entre los Naranjeros -al que pertenecen ambos- comenzó con Atondo cinco milésimas arriba de Peguero. Ante los Mayos de Navojoa, el dominicano bateó de 3-2 y Atondo de 4-1, por lo cual, Peguero conquistó el cetro con .352 de promedio de bateo por .351 de Atondo.

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Programa de Apoyos a la Cultura (A268) será el beneficiado con los 500 millones de pesos adicionales al presupuesto para 2019 al sector Cultura, según un boletín de la Secretaría de Cultura federal.

Se lee que fortalecerá proyectos culturales de las comunidades, la infraestructura cultural de la República y la programación de ésta, así como festivales, ferias y encuentros. Más adelante se destaca:

“Pero no solo éstos, pues se abrirá a otras actividades y tareas culturales, con criterios de austeridad, honestidad y combate a la corrupción”.

Según la titular de esta instancia, Alejandra Frausto, “las reglas de operación de la partida presupuestaria A268 se darán a conocer de manera oportuna, y que éstas serán transparentes, y públicas, al tiempo que se permitirá a más integrantes de la comunidad cultural acceder a estos recursos”.

Se destaca que los 500 millones de pesos, que se incrementaron en el presupuesto de 2019 para el sector, se destinarán a ferias, festivales y encuentros, a través del Programa Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (Profest); a los proyectos de las comunidades mediante el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc), y a la infraestructura y sus actividades por medio del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE). No obstante se aclara:

“Sin embargo, no necesariamente serán solo para estos rubros. El presupuesto para 2019 refleja un incremento real en las actividades culturales, toda vez que se logrará una reducción en los gastos administrativos y superfluos como renta de automóviles para altos funcionarios, lo que garantizará un mayor apoyo para los creadores y el impacto social que implica”.

Más adelante se resalta:

“Parte de los recursos adicionales del presupuesto se destinará a los proyectos culturales de las comunidades, como una de las tareas estratégicas que contribuirán a la recomposición del tejido social y la pacificación del país”.

Frausto pone énfasis en que la lista de programas sugerida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para ser considerada en el ejercicio de los 500 millones de pesos adicionales “se incluirá o no, en forma definitiva, de acuerdo con las reglas de operación que se emitan, toda vez que el compromiso es la transparencia y que la partida A268 es el canal para reglas claras y transparentes, con acceso justo y democrático”.

El decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 28 de diciembre del 2018 y no hubo cambios en los totales otorgados a las unidades responsables, ni a las instituciones del Sector Central, sólo la reasignación que hizo la Cámara de Diputados por 500 millones de pesos mencionados arriba.

A decir de especialistas esos 500 millones, se añadirán a los recursos asignados a la Dirección General de Vinculación Cultura, que tuvo 66 millones 770 mil 180 pesos en el PEF 2018, y para el del 2019 se le asignaron mil 89 millones 97 mil 942 pesos. Tuvo un incremento de 1,631% (dieciseis veces más) del 2018 al 2019.

El paquete económico 2019 suma en general 5,814,291.7 millones de pesos. De esta suma, 12,394.1 estarán destinados para la cultura del país. país. En 2018 se dio a cultura 13,414.7. Son 1,020.6 MDP menos para apoyar a las artes de México.

En su twitter, la Red Mexicana de Festivales Cinematográficos especifican que el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) y los Estudios Churubusco perdieron, en conjunto, más de 50 millones de pesos en comparación con el monto asignado a las artes en el último año de gestión de Enrique Peña Nieto.

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MONTERREY, N.L., (apro).- Mary Poppins está de vuelta, pero no llega sostenida por un paraguas, si no por una cometa voladora.

El vehículo usado para su arribo es, quizás, la única diferencia entre la primera niñera que interpretó primorosamente Julie Andrews en 1964 y la que ahora encarna, con igual vigor, la versátil Emily Blunt, que rejuvenece el clásico y le aporta todos los elementos musicales, cómicos y mágicos, que conoció la generación anterior.

El regreso de Mary Poppins (Mary Poppins returns, 2018) es prácticamente una segunda parte con nuevas aventuras de la obra original que, como en esta ocasión, presenta Disney. La enigmática nana sigue siendo bella, juvenil, ubicua, omnisapiente, telekinésica, arrogante y, ante todo, perfecta. Aunque pretende hacer su propia interpretación, Blunt imita con fidelidad a Andrews.

Y le sale bastante bien, por lo que el legado queda en buenas manos.

En esta ocasión, Mary regresa a Londres, la casa de los atribulados hermanos Jane y Michael Banks (Emily Mortimer y Ben Wishaw), ya de adultos, y a quienes asistió en aquella primera visita épica, cuando aún eran pequeños. Los dos se encargan, como una familia poco ortodoxa, de otros tres pequeños.

En una época de depresión social generalizada, juntos deben enfrentar la inminente pérdida de la casa, que se quedará su banquero de moralidad ambigua (Colin Firth). A menos que encuentren unos documentos extraviados, que les regresarían solvencia en esos días desesperados.

El director Rob Marshall, experto en musicales, presenta una historia familiar dirigida a un público infantil, pero con obvias reminiscencias para disfrute de los mayores. Aunque se encuentra en la época de la digitalización desaforada, se da el lujo de mezclar acción real con animación 2D, como un guiño a la primera versión de la Señorita Poppins, que recorría la campiña con caballos que escapaban del carrusel.

También recurre, claro, a imágenes generadas por computadora, pero apuesta, sobre todo a las actuaciones. La mezcla de elementos histriónicos, que incluyen la participación de la siempre magnética Meryl Streep, crean una película que siempre se mantiene intensa y divertida.

Las excelentes coreografías, que encabeza Lin-Manuel Miranda, que busca, con denuedo, emular el encanto y hasta la actitud, que generaron Dick Van Dyke como Bert, crean un ambiente de festival, en un mundo de fantasía donde todo es posible.

Con su retorno, Mary Poppins trae a los Banks la ilusión y la alegría que habían perdido. Les regresa también esperanza, en una época en la que sienten que todo está perdido.

Los niños, dentro y fuera de la pantalla, descubren con la niñera que, través de la ficción, siempre pueden hallar un mundo mágico y mucho mejor que el que habitan.

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la administración de Andrés Manuel López Obrador, la alta burocracia ingresará en promedio un 27% menos que durante el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, mientras que los enlaces, el escalón más bajo del gobierno federal, tendrán un ligero aumento de 395 pesos brutos mensuales en promedio, un 2.6% superior a lo que ganaban en junio de 2018.

El nuevo Tabulador de Sueldos y Salarios Brutos del presidente de la República y de los servidores públicos de Mando y de Enlace, que entrará en vigor a partir de mañana, establece que AMLO o un secretario de Estado ganará 13 veces más que un enlace de rango 1, mientras que en el sexenio anterior Peña Nieto ingresaba 19 veces más que su subordinado más lejano.

El salario de AMLO se eleva a 155 mil 835 pesos brutos mensuales, es decir, 66 mil 426 pesos menos que su antecesor en la presidencia, quien cobraba 222 mil 261 pesos del erario cada mes; un enlace de grado 1, por su parte, ganará a partir de mañana 12 mil 62 pesos brutos mensuales, contra 11 mil 722 pesos brutos mensuales en la administración anterior –340 pesos más–.

El documento, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), simplifica las remuneraciones de la más alta burocracia: fijó por ejemplo un salario mensual de 153 mil 140 pesos brutos a los subsecretarios, oficiales mayores y equivalentes, cuando la administración de Peña Nieto tenía seis subcategorías de salarios para estas funciones, las cuales oscilaban entre salarios de 205 mil 208 pesos a 217 mil 257 pesos.

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En consecuencia, los subsecretarios y oficiales de AMLO mayores ganarán entre 52 y 64 mil pesos menos que en la administración de Peña Nieto.

El recorte a los salarios afecta de manera más pronunciada a los altos funcionarios, desde el propio presidente hasta los titulares de las Direcciones Generales Adjuntas–con reducciones de 29% al 7.42%–; deja relativamente ilesos a los directores y subdirectores de área –cuyos salarios bajarán o aumentarán ligeramente–, mientras que los jefes de Departamento y enlaces ganarán entre un 1% y 3% más.

Los nuevos salarios se aplicarán en las dependencias federales, “incluidos sus órganos administrativos desconcentrados, la Oficina de la Presidencia de la República la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los Tribunales Administrativos, así como para las entidades paraestatales”, de acuerdo con un oficio que la SFP y la SHCP enviaron a las dependencias el pasado 27 de diciembre.

Las reducciones a las percepciones de los altos burócratas “son el resultado de la política de austeridad republicana que permitirá, junto con otras acciones, generar ahorros para que los recursos de todos se destinen a los programas prioritarios para el desarrollo y el beneficio de la nación”, reiteró por su parte la SFP.

Se trató, según la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval, de reducir “la brecha salarial” entre los altos funcionarios y los servidores públicos que habían visto estancados sus ingresos, situación que se agudizó durante las administraciones anteriores.

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A pesar de la existencia de la tipificación de feminicidio en el país, un estudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó que persiste un bajo porcentaje de carpetas de investigación abiertas por eso delito, lo que refleja “una negativa a investigar muertes violentas de mujeres como feminicidios”.

De acuerdo con el Diagnóstico de Acceso a la Justicia y Violencia Feminicida, sólo 3.39% del total de consignaciones por homicidios de mujeres en 2016, fue clasificado como feminicidio, lo que para el organismo confirma la existencia de territorios de violencia feminicida donde la impunidad impide a las mujeres el acceso a la justicia.

Elaborado en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Iztapalapa, el estudio fue elaborado a partir de solicitudes de información a las 32 entidades del país y a la Procuraduría General de la República (PGR), presentados durante 2016.

De los resultados obtenidos, se revela que “la investigación y detención de probables culpables representa dificultades del acceso a la justicia y al mismo tiempo, parece fortalecer el mensaje de permisibilidad al asesinato de mujeres”.

De acuerdo con información obtenida de 27 instancias de procuración de justicia, en 2016 se reportaron mil 662 homicidios doloso de mujeres y niñas, de los cuales sólo fueron consignados ante jueces el 56.80% de los casos, es decir, sólo 947.

Se agrega que “sólo 3.39% del total de casos de muerte de niñas y mujeres se reporto como feminicidios (84 casos); 69.43% fue clasificado como homicidio culposo, mientras que 25.61% como homicidio doloso”.

Para el organismo “el bajo porcentaje de carpetas de investigación abiertas por feminicidio podría representar la resistencia de las instancias de procuración de justicia para investigar todas las muertes violentas de mujeres como feminicidios, como lo establecen los estándares internacionales”, lo que implicaría refleja “una negativa a investigar muertes violentas de mujeres como feminicidios”.

El estudio realizado por la CNDH y la UAM-Iztapalapa, resalta que, de las muertes violentas en agravio de mujeres y niñas en 2016, se logró identificar que 82.42% de las víctimas eran mayores de 18 años y 11.53% eran niñas y adolescentes, lo que refleja que al menos uno de cada 10 homicidios dolosos tuvo como víctima a una niña o adolescente.

En cuanto a las actividades de las víctimas, el Diagnóstico destacó que 28.11% eran empleadas (457 casos) y 22.39% eran amas de casa (364 casos) y en 49.51% de los casos (805) fueron reportadas con diversas ocupaciones.

En cuanto al estado civil, 34.44% eran solteras, 20.93% casadas y 17.02% en unión libre, sin que haya registro de este parámetro en 22.28% de las víctimas.

Para la CNDH la desaparición de mujeres es un asunto de suma preocupación, ya que de las 27 procuradurías y fiscalías que respondieron a los cuestionarios presentados a través de solicitudes de información, 12 no reportaron esos registros.

Al informar que en 2016 se registraron 4 mil 527 mujeres desaparecidas, el organismo destacó que 40.74% de las instancias de procuración de justicia identificaron “relación entre los casos de mujeres desaparecidas con otros delitos”.

El organismo advirtió que en Baja California Sur la situación se agrava, toda vez que no entregó información sobre feminicidios debido a que “no cuenta con ese tipo penal”, sino que el “homicidio agravado por feminicidio”, además de que no todas las instituciones de procuración de justicia atienden los lineamiento del “Acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública que se dispuso sobre investigar todas las muertes violentas de mujeres bajo protocolos de feminicidio”, lo que constituye “una alerta de acceso a la justicia”.

Hasta ahora, sólo Sinaloa y Yucatán consideran todos los asesinatos de mujeres como feminicidio y no como homicidio doloso, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública.

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CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Antes de entregar el poder el peñanietismo se encargó de dejar la hasta entonces residencia oficial con amplios espacios vacíos. Ni cubiertos, cafeteras ni hornos en la cocina; ni lámparas o burós en las recámaras; ni escritorios, engrapadoras o computadoras en las oficinas; ni televisiones ni sus soportes, que fueron arrancados de las paredes… Vaya, ni el teléfono rojo sobrevivió al fin del sexenio anterior en Los Pinos

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Turismo del gobierno federal, Miguel Torruco Márquez, arremetió ahora contra el excandidato presidencial priista, José Antonio Meade, por no darse cuenta de las tranzas durante su paso por la Secretaría de Hacienda.

En su cuenta de Twitter, el funcionario lopezobradorista subió el siguiente texto: “Muy curioso el activismo de @JoseAMeadeK con sus cifras. Mejor que nos aclare por qué no detectó, como titular de @SHCP_mx, los miles de millones de pesos de tanta transa que lograron poner a México en el penoso lugar 135 de las 170 naciones más corruptas del mundo ¿?”.

Torruco es el segundo funcionario federal del gobierno actual que se confronta con Meade, luego de que el excandidato presidencial subió a su cuenta de Twitter algunos tuits cuestionando la decisión del gobierno actual de cancelar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En un primer tuit, Meade escribió: “Anticipando un deseo para Navidad y el Año Nuevo, ojalá el 2019 sea un año de mucho éxito. Espero que la decisión del aeropuerto de Texcoco, se 1) reflexione, 2) rectifique, y la obra se 3) rescate. Lo van a agradecer millones y se le hará un gran bien a México”.

Luego machacó con un segundo tuit: “Un aeropuerto importa porque activa la economía. Cada pasajero gasta 415 dólares en promedio: • 184 en la industria de la aviación • 231 en turismo y otros bienes y servicios locales Esto se repite 120 mil veces al día en el Aeropuerto de la CDMX, aporta 1.6% del PIB”.

En el tercer tuit, insistió: “La escala y conectividad del #NAICM atraería más pasajeros y elevaría el gasto promedio a 555 dólares: • 245 en la industria de la aviación. • 310 en turismo y otros bienes y servicios locales. Esto se repetiría 342 mil veces al día en el #NAICM, aportando 6.0% del PIB”.

El mismo 27 de diciembre último escribió un cuarto tuit: “El costo de cancelar el #NAICM no lo compensa #SantaLucía ni la red aeroportuaria mexicana. Expertos señalan que la pérdida de valor para MX beneficia a aeropuertos de EEUU y de América del Sur. ¿No prefieren que se generen empleos y actividad económica en México?”.

El viernes 28 prosiguió con el bombardeo “Podría seguirle dando vueltas, pero mejor pongamos número a la casa. Dejar de hacer el aeropuerto nos cuesta 145,000 millones de dólares…”.

Y al día siguiente, subió a su cuenta un nuevo mensaje, el último sobre el tema: “Hoy no estoy haciendo planas, sino cuentas. El que quiera revisar, recalcular, refinar, de donde salen los 145,000 millones de dólares, acá pueden verlo.

http://bit.ly/2R001ap …”.

Javier Jiménez Espriú, actual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no se aguantó más y le respondió a Meade el domingo 30 por la misma vía. “La ‘enorme pérdida’ -145 mMde USD- que el ex Candidato presidencial y Ex Secretario de HyCP, José Antonio Meade le asigna a la cancelación del NAIM, son “las cuentas alegres de un hombre triste”.

Y ahora se sumó el de Turismo, Miguel Torruco: “Muy curioso el activismo de @JoseAMeadeK con sus cifras. Mejor que nos aclare por qué no detectó, como titular de @SHCP_mx, los miles de millones de pesos de tanta transan que lograron poner a México en el penoso lugar 135 de las 170 naciones más corruptas del mundo ¿?”.

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MÉRIDA, Yuc.,(apro).- Después de varios días de álgidas discusiones, el Congreso local aprobó ayer, poco antes de la medianoche, las reformas a las leyes de Hacienda, de Coordinación Fiscal, de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para 2019.

En el primer periodo extraordinario de sesiones, el pleno legislativo reformó la Ley de Hacienda para que el titular del Poder Ejecutivo, dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del decreto, establezca un programa de condonación parcial para los derechos que se cobran por la expedición de licencias, con el objeto de disminuir sus cuotas en una Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Antes se desechó la propuesta priista para eliminar los aumentos de derechos y creación de nuevos impuestos propuestos por el Ejecutivo estatal, relacionados con la expedición de licencias de conducir, certificación de actas de nacimiento de otras entidades, servicios que presta el registro público de la propiedad y del comercio.

Además, sobre entradas para yucatecos, nacionales y extranjeros a las principales Zonas Arqueológicas del Estado, Escrituras y Contratos ante Fedatario Públicos; evaluación de las actividades de extracción de material pétreo; el impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico, así como erogaciones en juegos y concursos.

Las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Ingresos fueron avaladas por unanimidad por las seis fuerzas políticas representadas en el Congreso.

El Presupuesto de Egresos fue aprobado por mayoría, con 15 votos a favor y siete en contra, con la presentación de varias propuestas de modificación al dictamen que fueron desechadas por mayoría.

La primera fue de Rodríguez Ruz para redirigir el recurso asignado para rubros de gasto corriente hacia organismos autónomos y poderes de gobierno, la cual fue rechazada por mayoría con 15 votos en contra y siete a favor.

Posteriormente, el perredista Alejandro Cuevas Mena presentó seis modificaciones al presupuesto de egresos para asignar 28 millones de pesos más a la Auditoría Superior del Estado (ASEY); 19 millones de pesos más a la Unidad de Vigilancia y Evaluación de la ASEY; 28 millones de pesos más para el Sistema Estatal Anticorrupción; 1 millón y medio de pesos más para el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAIP).

También, dos millones de pesos más para la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey) y 50 millones de pesos más para el Poder Judicial del Estado; todas fueron rechazadas, de una en una, con 15 votos en contra y siete votos a favor.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Felipe Cervera Hernández, del PRI, lamentó la reducción de recursos a la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) por parte del gobierno estatal, porque afecta principalmente a los estudiantes y a los proyectos de la Casa de Estudios; subrayó que en contraparte se asigna 500 millones de pesos para la creación de 20 subsecretarías y direcciones.

La coordinadora de la fracción del PAN, Rosa Díaz Lizama, argumentó que se construyó un presupuesto austero e indicó que serán vigilantes de los resultados del Ejecutivo estatal, porque será “una prueba de fuego”.

Por último, la priista Lila Frías Castillo llamó al gobernador Mauricio Vila Dosal a reconsiderar el presupuesto a las universidades estatales y al sector de las tecnologías de la información, por lo que espera su pronta respuesta y, finalizó, “no está en discusión nuestra lealtad, somos y seguiremos siendo priistas”.

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TOLUCA, Edomex. (apro).- La Legislatura mexiquense incrementó a 291 mil 059 millones 430 mil 336 pesos los ingresos y egresos públicos para 2019 (el proyecto contemplaba 288 mil millones, 8 mil más que en 2018), tras avalar el reemplacamiento de vehículos con matrícula 2013 o anteriores y realizar algunos ajustes en ingresos de la Federación, de tal manera que el Estado de México ejercerá durante el nuevo año el monto más elevado de su historia.

Bajo el argumento de la austeridad, a partir del proyecto de Paquete Fiscal los diputados recortaron al Poder Ejecutivo dos mil 100 millones de pesos de los Capítulos Mil (Servicios Personales o pago de nómina), Dos mil y Tres mil; al Judicial redujeron 300 millones (ejercerá en promedio 3 mil 450 millones) y el Legislativo gastará 300 millones menos (para quedar en mil 500 millones). También recortaron 130 millones de pesos al Instituto Electoral (IEEM) y 20 millones al Tribunal local en la materia (TEEM).

Estos recursos sirvieron para aumentar el Fondo de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) de 2 mil 900 contemplados en el proyecto (en 2018 se asignaron 2 mil 300 millones) a 4 mil millones de pesos para ampliar la infraestructura pública en los ayuntamientos, mejorar su equipamiento y hacer frente a sus obligaciones.

Los recursos para la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) crecerán en 379 millones de pesos (18 por ciento) con relación al año que concluye, y en mil 163 millones con respecto al proyecto del Ejecutivo (se propusieron 4 mil 530 millones y aprobaron 5 mil 693 millones de pesos).

Para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) serán mil 597 millones más, de tal manera que del proyecto por 23 mil 247 millones pasará a 24 mil 845 millones, y se implementará un programa para la regularización del pago de sus acreedores, con la finalidad de subsanar el déficit de operación.

Al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) se aprobaron 4 millones más en transferencias estatales para atención médica ambulatoria, de tal manera que el proyecto se modificó de 26 mil 130 millones a 26 mil 134 millones de pesos.

Los congresistas determinaron elevar el presupuesto para seguridad pública en 19.3 por ciento (en 7 mil millones para llegar a 24 mil 633 millones de pesos), de tal manera que los elementos policiacos accedan a capacitación, equipamiento y mejoras salariales. Para el sistema estatal anticorrupción, los recursos se elevaron en 166 millones de pesos sobre el proyecto, lo que representa 35 por ciento más.

Bajo el argumento de dar mayor certeza y seguridad al padrón vehicular, los diputados además autorizaron, por mayoría, el reemplacamiento de vehículos con matrículas 2013 o anteriores a partir de julio de 2019, con lo que pretenden incrementar la recaudación estatal hasta en dos mil millones de pesos.

Ademas, las matrículas 2014 en adelante deberán cambiarse a partir del año 2020 y las expedidas a partir del 2015 deberán ser renovadas cada cinco años.

La renovación de placas implicará 751 pesos para los propietarios de autos particulares; mil 568 para vehículos de carga o de uso comercial; 559 pesos para motos y 2 mil 684 pesos para autos antiguos.

Este trámite es adicional al refrendo de placas anual que en 2019 tendrá un incremento de 17 por ciento para llegar a 623 pesos en el caso de los autos particulares.

El pago del refrendo otorga la posibilidad de acceder al subsidio de 100 por ciento de la tenencia vehicular, siempre y cuando el valor de la unidad en factura no rebase los 400 mil pesos más IVA y se pague dentro de los primeros seis meses del año.

El parque vehicular en el Estado de México rebasa los 7.5 millones de autos.

Pese a que el morenista Faustino de la Cruz propuso no avalar el reemplacamiento por resultar una carga impositiva más para los ciudadanos y propuso que este trámite fuese gratuito para quien estuviera al corriente con el pago de refrendo anual de placas, el planteamiento fue desechado por mayoría.

Su propuesta apenas fue secundada por sus correligionarios Azucena Cisneros, presidenta de la Mesa Directiva; Gabriel Gutiérrez, Beatriz García, Alicia Mercado, Elba Aldana y María Elizabeth Millán.

En contraste, para promover el desarrollo económico a través de la inversión y creación de nuevos empleos, se autorizó el subsidio de 100 por ciento en el pago del Impuesto sobre Nómina a favor de los contribuyentes que incrementen su plantilla laboral.

En apoyo a los transportistas, se reducirán las tarifas para renovar la cesión de derechos de las concesiones, con el fin de que tengan certeza y seguridad sobre sus títulos de concesión, que forman parte de su patrimonio.

En la Ley de Ingresos (LIEM) 2019, se autorizó al Gobierno del Estado de México la posibilidad de endeudarse hasta por 3 mil 400 millones de pesos: el sector central podrá contratar deuda neta por hasta mil 900 millones de pesos, y los organismos auxiliares hasta por mil 500 millones.

En el primer caso, se arguye un manejo responsable de la deuda que da pie a contraer nuevos pasivos sin violentar la ley ni afectar las finanzas estatales, y en el segundo la necesidad de refinanciar, reestructurar y/o recontratar créditos u obligaciones de garantía o pago si las condiciones del mercado son adecuadas.

En el caso del sector central, al cierre de 2019 las amortizaciones de la deuda pública estatal ascenderán a 4 mil 239 millones 931 mil 587 pesos; además se prevén financiamientos internos por 10 mil 154 millones 159 mil 087 pesos. El artículo 2 de la LIEM plantea que se autorice al gobernador por sí o por conducto de la Secretaría de Finanzas, la contratación de un endeudamiento neto por hasta mil 900 millones de pesos, a un plazo de hasta 25 años, para inversión pública productiva en materia de agua, obra pública, comunicaciones, salud, cultura, justicia, desarrollo social, educación, seguridad, vivienda y desarrollo agropecuario, o para refinanciamientos. Como garantía de pago ofrece los ingresos derivados de contribuciones, productos, aprovechamientos y accesorios, y los derivados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

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CHILPANCINGO. Gro., (apro).- La ausencia de acuerdos para distribuir recursos públicos entre el gobernador Héctor Astudillo Flores y el delegado del gobierno federal, Pablo Sandoval Ballesteros en la entidad, impidieron que ayer se discutiera el presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, en el pleno del Congreso local.

Incluso, la presidenta de la mesa directiva, la diputada local priista, Verónica Muñoz Parra convocó esta madrugada para reanudar la sesión el próximo martes ocho de enero.

Previamente, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el diputado morenista Alfredo Sánchez Esquivel admitió que aún no estaba listo el dictamen a discutir en el pleno debido a que no había acuerdos en el tema del reparto de los recursos destinados a obra pública, mismos que los legisladores locales se adjudican de manera directa con el aval del Ejecutivo.

Incluso, diputados locales que pidieron el anonimato, informaron a Apro que el gobernador Astudillo y el delegado federal en la entidad, Pablo Sandoval se han reunido en privado en la residencia oficial Casa Guerrero para discutir las reglas del presupuesto de Egresos para el próximo ejercicio fiscal y que incluso el mandatario organizó una comida este viernes 28 en la sede oficial del Ejecutivo para llegar a un acuerdo que a la fecha no se ha concretado.

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Además, el exsecretario de Finanzas del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo y exdiputado local perredista, Carlos Álvarez Reyes, personaje cercano al PRI, actualmente asesora a Pablo Sandoval Ballesteros y la fracción de Morena en el tema de la conformación del presupuesto y para ello, renta un piso en el hotel Holiday Inn en esta capital, indicaron las fuentes consultadas.

La historia de los moches en Guerrero

Esta práctica ilegal fue documentada en 2015 por Proceso en la nota titulada “Audios revelan moche de Rogelio Ortega con diputados de Guerrero” donde se informó que funcionarios del exinterinato advirtieron que tendrían que desviar recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), para beneficiar a un grupo de diputados locales de PRD y PRI, encabezados por el expresidente del Congreso y nuevamente legislador perredista vinculado con el narco, Bernardo Ortega Jiménez.

En ese entonces, los exsecretarios de Finanzas y Obras Públicas, Eliseo Moyao Morales y Jesús Hernández Torres, respectivamente, se quejaron porque los diputados estaban presionando al gobierno de Ortega y exigían la entrega de 10 millones en obra pública argumentando que estos recursos los habían gestionado en 2014, directamente con la administración inconclusa de Ángel Aguirre Rivero para la aprobación del presupuesto de egresos de 2015.

A través de una conversación telefónica ambos funcionarios criticaron la ambición de los legisladores, a quienes calificaron como “radicales y cabrones sin llenadera”.

Además, los exfuncionarios admitieron que pueden “tener problemas” con instancias federales encargadas de fiscalizar los recursos federales etiquetados del Ramo 33 porque iban a tomar recursos del FAFEF para entregar la bolsa millonaria a los diputados locales, a través de obra pública.

Incluso, señalaron que los exdiputados del PRD, encabezados Bernardo Ortega y sus aliados del PRI, estaban “chantajeando” con iniciar una auditoría a la administración de Rogelio Ortega en caso de que no cumplan con los acuerdos pactados.

Luego de que Proceso, exhibió los moches entre el gobierno estatal y los diputados locales, la clase política hizo mutis y decidieron mantener hasta la fecha esta práctica denominada usos y costumbres para aprobar el presupuesto de Egresos al gobernante en turno.

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En los dos primeros años de su gestión, el presidente estadunidense Donald Trump realizó 7 mil 645 declaraciones falsas o engañosas y en los últimos 12 meses pronunció 15 en promedio, según el diario The Washington Post.

“Un año de decepciones sin precedentes: Trump promedió 15 declaraciones falsas por día en 2018”, tituló el texto el influyente diario norteamericano con base en un puntual seguimiento de las declaraciones y los tuits difundidos por el mandatario.

La nota firmada por Glenn Kessler detalla que “el año de mentiras, declaraciones falsas o engañosas del presidente Trump comenzó con varios tuits matutinos”. Por ejemplo, cita que cuando 2018 iniciaba, Trump ya acumulaba mil 989 declaraciones falsas o engañosas y que finaliza el año con más de 7 mil 600 falsedades acumuladas.

Los datos del Post detallan que Donald Trump comenzó 2018 a un ritmo similar que 2017, pues hasta mayo pasado promediaba entre 200 y 250 declaraciones falsas por mes. Sin embargo, a partir de junio comenzó a superar las 500 falsedades mensuales “ya que parecía cambiar al modo campaña”.

El medio estadunidense precisa que, entre julio y agosto, el presidente pronunció más de 500 falsedades; en septiembre unas 600; en octubre, mil 200, y en noviembre, más de 900. En diciembre, Trump regresó a su media de 200 al mes.

Además, los datos registran que más de un cuarto de las afirmaciones de Trump se dieron durante mítines de campaña. El diario ejemplifica que el 5 de noviembre pasado, un día antes de la elección intermedia de Estados Unidos, Trump encabezó tres mítines, lo que arrojó un total de 139 declaraciones falsas o engañosas.

El Post también revisó los discursos de dos de sus mítines registrados antes de 2018 y encontró que Trump exageró o completó al menos 70% de sus declaraciones.

Muchas de sus falsedades se dieron durante comentarios a la prensa, y aproximadamente 17% fueron resultado de su “itchy Twitter finger” (su dedo que pica en Twitter).

“El Presidente engañó a los estadunidenses sobre grandes y pequeños problemas. Dijo mentiras sobre los pagos que su ahora abogado convicto dice que Trump autorizó para silenciar a las mujeres que alegaban asuntos con él.

Él rutinariamente exagera sus logros, como afirmar que superó el recorte de impuestos más grande de la historia, que presidió la mejor economía de la historia, obtuvo tratos masivos para empleos en Arabia Saudita y que casi solucionó la crisis nuclear de Corea del Norte”, detalla The Washington Post.

El periódico recuerda que Trump también ha atacado a sus enemigos. Acusó falsamente a Clinton de coludirse con los rusos; al ex director del FBI, James B. Comey, de filtrar información clasificada, y a los demócratas, de buscar permitir a los migrantes que invadan las fronteras de Estados Unidos.

Además, el presidente también hizo declaraciones que no van acorde con las políticas que lleva a cabo: dijo que su Gobierno no tenía una política de separación de familias en la frontera, cuando sí lo hizo. Luego dijo que la política de separación sí era necesaria.

De acuerdo con una encuesta de diciembre realizada por el Fact Checker del Post, menos de tres de cada 10 estadunidenses creen estas declaraciones del presidente Donald Trump.

La encuesta del diario buscó determinar qué creen los estadunidenses: la verdad o al mandatario. El sondeo incluyó 18 pares de declaraciones opuestas, una verdadera y otra falsa, sin que se identificara quién lo había dicho.

La encuesta arrojó que la fuente es un factor importante para que los ciudadanos crean las declaraciones. Por ejemplo, de los adultos que tienen como una de sus dos fuentes principales a Fox News, el 33 por ciento cree en las afirmaciones falsas de Trump.

En tanto, los estadunidenses que consideran a MSNBC y a CNN como una de sus dos fuentes principales, para informarse son más propensos a rechazar las falsedades de Trump.

Y los estadunidenses que consideran a NPR y a los periódicos como una de sus dos fuentes principales de noticias son los menos propensos en creer las falsas declaraciones de su presidente.

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ROMA, (apro). — En un giro inesperado para la comunicación vaticana, el papa Francisco aceptó este lunes, sin dar explicaciones, la renuncia de su portavoz, el estadunidense Greg Burke, y de la subdirectora de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la española Paloma García Ovejero, según fue informado por la institución a través de un brevísimo comunicado.

Tal y como el Vaticano, tampoco Burke y García Ovejero han ofrecido aclaraciones sobre las motivaciones por las que presentaron su renuncia, una decisión que se produce tras un año turbulento para la comunicación vaticana.

En su reemplazo, ejercerá de manera temporal como director de la Sala de Prensa del Vaticano el italiano Alessandro Gisotti, un funcionario veterano de la institución, de 44 años, y hasta ahora responsable de las redes sociales del dicasterio (ministerio) de Comunicación de la Santa Sede.

Tanto Burke como García Ovejero habían sido nombrados en julio de 2016 por el Papa argentino y pertenecen al sector conservador de la Iglesia católica, el que pedió poder con la elección de Francisco en 2013, un pontífice considerado progresista en temas socioeconómicos.

Burke, de hecho, es un supernumerario de la conservadora organización del Opus Dei, fue corresponsal de la (también conservadora) cadena estadounidense Fox News y, luego, asesor de la comunicación vaticana desde 2012.

Paloma Ovejero, en cambio, fue reportera primero en Madrid y luego en Roma (cuatro años) de la cadena Cope, la radio de la Conferencia Episcopal Española, y, según algunas fuentes, está vinculada al Camino Neocatecomenal.

Durante su mandato, mejoraron el funcionamiento del sistema de envío de los comunicados papales a los periodistas acreditados, así como llevaron adelante algunas otras iniciativas de modernización de la comunicación vaticana, como crear una herramienta en línea para acceder a la agenda oficial del Papa argentino.

No obstante, en los dos años a cargo de la Oficina de Prensa del Vaticano, también no faltaron críticas por la gestión de Burke y García Ovejero y se extremó la tensión entre los periodistas vaticanistas acreditados ante la institución.

En algún caso, los dos portavoces incluso tuvieron que salir a minimizar algunas declaraciones del Papa concedidas directamente a reporteros en encuentros privados.

Todo ello coincidió también con algunos resbalones en la comunicación del propio Francisco. Por ejemplo, en su viaje a Chile de comienzos de 2017, cuando defendió a un sacerdote, acusado de encubridor de un caso de abuso, lo que levantó un gran revuelo a nivel internacional, dentro y fuera de la Iglesia.

El primer cortocircuito visible de esto fue el denominado ‘lettergate’, un escándalo que en marzo pasado hizo rodar la cabeza de Darío Viganò, un monseñor italiano que había sido designado al frente de la Secretaría de Comunicación en junio de 2015, y que rápidamente se había convertido un personaje de gran influencia en el Vaticano.

El papa Francisco aceptó, de hecho, su renuncia después de que el sacerdote se viera envuelto en una serie de críticas, acusado de haber manipulado información, por haber divulgado parcialmente una carta privada de Benedicto XVI con una foto alterada.

Como consecuencia de esto, los detractores de Viganò lo criticaron, aduciendo que había violado códigos de la deontología periodística y dañado la credibilidad del Vaticano y del Papa.

Luego, en agosto, el sector adverso al Papa argentino lo atacó acusándolo públicamente de encubrir a un excardenal acusado de abusos y pidió su dimisión como jefe de la Iglesia católica.

La agresión tuvo su momento más incendiario el 26 de agosto, con la difusión de una carta acusatoria del exnuncio en Estados Unidos, Carlo Maria Viganò (no vinculado al otro Viganò) y divulgada por cuatro medios conservadores, incluido el español ‘InfoVaticana’ y el canadiense ‘LifeSiteNews’.

Ante ello, la defensa más fuerte a favor del Papa provino desde fuera del Vaticano.

El jesuita Antonio Spadaro, amigo del Papa pero sin puestos de relevancia en la Santa Sede, grupos de informadores latinoamericanos y antiguos comunicadores vaticanos, como el sacerdote estadounidense Thomas Rosica, aportaron pruebas, documentos y testimonios en defensa del Papa, en particular por su gestión del caso de Theodore Edgar McCarrick, antiguo cardenal despojado de la púrpura en junio por voluntad de Francisco.

Otro personaje que actuó en defensa de Francisco muy activamente fue Andrea Tornielli, un veterano vaticanista italiano y periodista de La Stampa y Vatican Insider.

Su esfuerzo valió un premio.

El pasado 18 de diciembre, Francisco nombró a Tornielli como Director de la Dirección del Dicasterio para la Comunicación, un cargo nuevo que no existía antes. “Finalmente el colega Tornielli puede ejercer su papel sin usar a un cotidiano ‘independiente’”, llegó entonces a escribir irónicamente Marco Tossati, un vaticanista cercano al sector conservador.

El nombramiento de Tornielli se sumó además al Paolo Ruffini, como nuevo prefecto del ministerio antes presidido por Viganò, y quien llegó a ese puesto tras que el cargo fuera ejercido de manera temporal por el argentino Lucio Ruiz.

Ruffini pasó de esta manera a estar a cargo de la influyente estructura mediática de la Santa Sede, integrada por L’Osservatore Romano, el diario papal, el sitio Vatican News, Radio Vaticana y Vatican Media (el antiguo Centro Televisivo Vaticano), que posee unos 600 funcionarios.

Por otra parte, Francisco también nombró al profesor Andrea Monda, docente de religión, como director del diario L’Osservadore Romano, en reemplazo de Gian Maria Vian, lo que fue interpretado por algunos analistas como una decisión vinculada a que éste no reflejaba en el rotativo la opinión del Papa.

De acuerdo con algunas fuentes, el nombramiento de Tornielli, en particular, fue probablemente la gota que hizo desbordar el vaso y llevó a la dimisión de Burke y García Ovejero, según opinó el vaticanista Francesco Grana, del diario Il Fatto Quotidiano.

La renuncia de los dos voceros fue “una bofetada” contra el papa Francisco, indicó Grana.

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En una serie de actos inéditos en la historia de las elecciones mexicanas, al menos cinco de los empresarios más poderosos del país dieron la cara para atacar a un candidato: el que los ha acusado desde 2006 de pactar con el PRI y el PAN para impedir su triunfo electoral. En las actuales campañas ese aspirante, Andrés Manuel López Obrador, cuenta con el respaldo de un creciente porcentaje de electores, y los magnates repiten sus maniobras sigilosas, pero además presionan para que sus empleados, socios y clientes no voten por la opción que los horroriza. Sin embargo, a diferencia de 2012, esta vez el dinero no parece inclinar la balanza. 

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Al consumirse dos tercios del periodo oficial de campaña, a un mes de que se celebren los comicios presidenciales del 1 de julio, algunos magnates mexicanos se coordinaron para hacer llamados –unos más directos que otros– a no votar por el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, ante la amplia ventaja que le dan prácticamente todas las encuestas de intención de voto. 

La inusual campaña, calificada por Lorenzo Córdova, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), como un juego “en el límite de la legalidad”, supuestamente está destinada a pedir que los empleados de grandes empresas razonen su voto, mediten sobre el “riesgo” del “populismo” y el “autoritarismo”, y tomen “las medidas necesarias” “para amortiguar un posible deterioro del patrimonio”. 

También evocaron los daños que causaron en el país los regímenes de Luis Echeverría y José López Portillo, igual que en Venezuela los de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Y harán más.

En pleno lanzamiento de la campaña empresarial, Ricardo Monreal Ávila, quien coordina la “defensa del voto” en la Segunda Circunscripción de la campaña de López Obrador, afirmó en un video de su canal de YouTube que el 17 de mayo pasado, tres días antes del segundo debate presidencial, los magnates volvieron a visitar al presidente Peña Nieto para pedirle una vez más la declinación de José Antonio Meade en favor de Ricardo Anaya –el más cercano perseguidor de López Obrador en las encuestas– o que el gobierno interviniera de modo más directo en la elección.

Y una vez más, en la versión del morenista, el presidente no aceptó e incluso les explicó que hacerlo sería el fin del PRI.

A su vez el candidato de Morena, PT y PES, que en diferentes momentos ha dicho que entre la “mafia del poder” tiene sus “gargantas profundas”, denunció el 22 de mayo, dos días después del debate, que empresas, como Coppel, estaban presionando a sus empleados para que no votaran por él.

Al día siguiente, en Autlán, Jalisco, cuando la mencionada cadena comercial se deslindó de esos actos, la felicitó, fue prolijo en reconocimientos a Peña Nieto por no intervenir en la elección y lo puso de ejemplo para los gobernadores de los estados, a fin de que se mantuvieran al margen de las campañas.

A condición de no revelar sus identidades, empresarios consultados por Proceso confirmaron la reunión del 17 y revelaron que, ante la negativa de Peña Nieto, volvieron a deliberar, ya sin políticos. Según las fuentes, los hombres del dinero acordaron publicar desplegados, enviar cartas y desarrollar una estrategia libre, con menciones directas e indirectas a López Obrador.

En el caso de las cartas, serán similares a las que enviaron a sus empleados, con alertas sobre el peligro del populismo y llamados a “razonar” el voto, pero las dirigirán también a sus accionistas, clientes y proveedores.

Además, colocarán anuncios espectaculares en vialidades y grandes carteles en todas sus instalaciones, especialmente los puntos de venta, como supermercados, tiendas departamentales y al menudeo, donde además bombardearán al público con volantes y hasta leyendas impresas en los tickets de compra.

El primero en actuar de esa forma fue el Grupo México, el 25 de mayo, pero fue a partir del 28 cuando las cartas se enviaron en cascada desde las oficinas de los dueños de Herdez y Vasconia, seguidas de Femsa, El Palacio de Hierro, Bimbo y Aeroméxico el día 29.

Pero el 30 de mayo apareció la encuesta del Grupo Reforma que colocó a López Obrador con 52% de las preferencias electorales, frente a 26% de Ricardo Anaya y sólo 19% de Meade. El independiente Jaime Rodríguez Calderón apenas registró 3%.

El 31, la encuestadora Parametría casi coincidió: 54% de preferencia efectiva por López Obrador; 24% para Anaya, y 17% para Meade. Al independiente, 2%.

Una relación difícil 

Al mediodía del 1 de mayo, en Zongolica, Veracruz, AMLO abrió un frente con un adversario que, sin ser candidato ni partido, lo ha perseguido durante el segundo mes de campaña y, por lo visto, lo perseguirá hasta el día de la elección.

En esa ocasión dijo nombres y apellidos de cinco magnates que intentaban impedir su avance electoral y que, según él, le pidieron a Peña Nieto que interviniera para que Meade declinara a favor de Anaya.

En ese grupo, encabezado por Claudio X. González (de Kimberly Clark México), estarían Germán Larrea Mota Velasco (Grupo México), Alberto Bailleres (Peñoles y El Palacio de Hierro), Eduardo Tricio Haro (Grupo Lala y Aeroméxico) y Alejandro Ramírez Magaña (Cinépolis), este último presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), al que pertenecen todos los mencionados.

A decir del candidato de Juntos Haremos Historia, ellos se reunieron con Anaya para pedirle que bajara el tono de sus críticas al gobierno de Peña Nieto para facilitar la declinación de Meade.

Todo fue infructuoso. Un festivo López Obrador aseguró que el mandatario no aceptó la maniobra, como ya se había negado en otra ocasión, y añadió: “Hasta me cayó bien Peña”. Para entonces López Obrador llevaba varios días “recomendándole” a José Antonio Meade que se quedara hasta el final de la elección porque lo querían bajar de la candidatura.

Eduardo Sánchez, el vocero presidencial, se refirió a las versiones del encuentro el 2 de mayo: “Fake news otra vez, no hubo tal solicitud y, al no haber tal solicitud, no hubo respuesta”.

Pero aquel 1 de mayo Javier Lozano, el vocero de José Antonio Meade, y Jorge Camacho, el de Margarita Zavala –que aún no se retiraba de la contienda–, confirmaron que algunos empresarios presionaban a sus jefes para que dejaran a ésta y apoyaran a Anaya. 

Fue entonces cuando AMLO, cuestionado por reporteros, dio los nombres de los cinco magnates y bromeó: “Les estoy diciendo desde hace días, pero no me ponen atención”. Aludía a sus advertencias sobre el intento de bajar a Meade de la campaña priista.

Aunque desde 2006 se había referido a Claudio X. González Laporte como uno de los operadores de las estrategias para impedir su victoria electoral, por primera vez en la presente campaña incluyó a los otros cuatro, así como al banquero Roberto Hernández, aunque días después dijo que este último no estaba involucrado y prefería precisarlo.

El CMN, considerado la cúpula de cúpulas empresariales y que agrupa a las mayores fortunas de México, nunca había tenido una expresión pública como la del 3 de mayo, cuando respondió a López Obrador con un desplegado en la prensa nacional, en el que –en nombre de las empresas afiliadas pero sin especificar ninguna– le espetó al candidato puntero: “Así no”. Decía el texto:

“Condenamos que un candidato a la Presidencia de la República recurra a ataques personales y a descalificaciones infundadas. Es preocupante que alguien que aspira a ser presidente de México denoste a quienes no comparten sus ideas.”

Después el CMN llamó al diálogo, pero exigió respeto y acusó a López Obrador de calumniar y denigrar al empresariado.

Como respuesta, el morenista señaló que varios integrantes del CMN son traficantes de influencias a los que les ha ido muy bien en los regímenes del PRI y del PAN, mientras al pueblo no, y por eso no querían perder “el privilegio de mandar”.

Cámaras de comercio y otros organismos empresariales salieron en defensa de los cinco potentados del CMN. El 7 de mayo, para mostrar la fuerza del sector privado, publicaron en 80 ciudades otro desplegado en nombre de más de 300 organizaciones y del dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón.

Entre tanto el economista Gerardo Esquivel, asesor económico de López Obrador, y Alfonso Romo, su “jefe de gabinete” en caso de que gane la Presidencia, se reu­nieron varias veces con miembros del CMN. En su columna del diario El Universal del 10 de mayo, Salvador García Soto reveló el primer encuentro, que fue el de Esquivel con Alejandro Ramírez Magaña.

Aunque dijo que no se había enterado antes, López Obrador aprobó esas reuniones. Añadió que Romo seguía dialogando con empresarios y que él mismo se había reunido recientemente con el director de la trasnacional financiera BlackRock, además de confirmar su encuentro con la Coparmex el 17 de mayo.

Ante los integrantes de este último organismo cupular, López Obrador habló sin sobresaltos y siguió su gira hacia Guerrero, donde ya no quiso hacer declaraciones al respecto. 

Cartas marcadas

Desde su creación en los años sesenta, el directorio del CMN ha influido de manera definitiva en el devenir económico, político y social del país (Proceso 2167), pero siempre en sigilo, mediante acuerdos cupulares y oculto en las siglas de sus organizaciones. 

Ni siquiera en 2006, durante la contienda presidencial que con reducido margen y severos cuestionamientos puso a Felipe Calderón en la Presidencia de la República, los magnates mexicanos habían operado tan públicamente. 

Uno de los más discretos era Germán Larrea, al grado de que su rostro no se conocía hasta que en 2014 lo difundió la Presidencia de la República. El presidente del Grupo México, el segundo hombre más rico del país, solía huir de los reflectores, pero esta vez fue el primero en emitir su carta (el 25 de mayo) para decirle al candidato de Juntos Haremos Historia que sus concesiones no son producto de favores o compadrazgos.

En otro apartado Larrea dice que revertir las reformas energética y educativa implican retrocesos y peligro de estatización; también defiende el actual modelo económico y advierte que cambiarlo afectaría la economía del país. Utiliza como ejemplo el caso de Venezuela.

El magnate, cuya fortuna se basa en las concesiones mineras y ferrocarrileras, anuncia que tomaría medidas, como reducción de deuda y prudencia en inversiones. Finalmente recomienda a sus empleados que tomen sus precauciones y los exhorta a cuidar la empresa como fuente de trabajo.

El mismo día 25 López Obrador le recordó los desastres ambientales causados por sus mineras, el mortal accidente en la mina Pasta de Conchos, le dijo “traficante de influencias” y beneficiario del “periodo neoliberal”. 

Sin embargo, el candidato expuso que no debe haber nerviosismo porque si llega a la Presidencia será respetuoso de la legalidad y del Estado de derecho. “A pesar de todo –puntualizó–, le digo a Germán Larrea que no le guardo ningún rencor, que no odio a nadie, que soy partidario del amor y del perdón”.

De inmediato el presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, tuiteó un llamado a la tolerancia y a erradicar expresiones calumniosas contra empresarios como Larrea.

Las cartas a los empleados empezaron a circular. En la suya, Eloy Vallina Lagüera recordó las expropiaciones que sufrió su familia en los regímenes de Echeverría y López Portillo:

“Ahora lo que más pesa en mi ánimo es el no querer que mi país sufra una regresión a esos tiempos de las presidencias imperiales que, llevadas por la iluminación mesiánica y la impunidad autoritaria, se apropian del patrimonio ya generado por otros para después repartirlo a su antojo. Estamos nuevamente ante un riesgo que está aquí y toca ya a nuestra puerta.”

Vallina, con larga trayectoria cercana al PRI, expuso en su misiva que es previsible un desastroso desenlace y exhorta a votar con responsabilidad, considerando que el próximo presidente debe ser un hombre que le dé prioridad a la educación. 

Héctor Hernández, del Grupo Herdez, hizo un breve recuento histórico, en el cual también consideró que entre los peores momentos políticos del país están los sexenios de Echeverría y López Portillo. Después agregó: “Yo les sugiero que también tomen las medidas que ustedes consideran en su economía personal para amortiguar un posible deterioro de su patrimonio”.

En el mismo sentido, José Antonio Fernández Carvajal, de Femsa, se refirió a los mismos sexenios para alertar, en un video que subió a Facebook, sobre los efectos catastróficos que tendrían las medidas económicas populistas. 

Parecidos fueron los mensajes de José Ramón Elizondo (Vasconia) y Sergio Argüelles González (Finsa), que destacaron los “logros” del gobierno de Peña Nieto.

El tercer hombre más rico de México, Alberto Bailleres (Palacio de Hierro, Peñoles y Petrobal) también emitió esos mensajes, pero ante las críticas en la prensa y las redes sociales quiso justificarse cuando declaró que sólo participa en la iniciativa ConcienciaMx, integrada por tres cámaras empresariales que dicen fomentar el voto libre, sin orientarlo hacia ningún candidato o partido.

En esta ocasión el vocero presidencial Eduardo Sánchez no desmintió el encuentro del 17 de mayo. Al contrario, a pregunta expresa sobre el proceder de los empresarios, recordó que nadie debe condicionar o inducir el voto. Poco después el presidente del INE, Lorenzo Córdova, llamó a “no enturbiar el proceso electoral” y consideró que el llamado a no votar por el populismo está en el límite de violar la ley.

Y hasta el candidato del PRI, José Antonio Meade, criticó a los magnates por su estrategia de golpear a López Obrador, a quien le atribuye credibilidad en la entrevista que le hizo Martha Anaya para El Heraldo de México (columna “Se equivocan los empresarios”, 1 de junio):

“Pero él (Meade) también mira su proceder y sostiene que ‘los barones’ también tienen equivocado su diagnóstico, que sus cartas y llamados (a sus empleados y a la gente en general) promoviendo el miedo, ‘es un error’:

“–No se dan cuenta que el principal problema son los privilegios… y que lo importante es el voto estratégico, no el voto útil, ese no existe.”

Y mientras sus adversarios se ponen de acuerdo, López Obrador menciona a diario su enorme ventaja en las encuestas y se da el lujo de ofrecerles el perdón.

*Este reportaje se publicó originalmente el 2 de junio de 2018

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