Fiscalía de Jalisco niega móvil político en la detención de exfuncionario por peculado

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Luego de la detención de, Antonio Gloria Morales, titular de la secretaría de Educación durante la administración del panista Emilio González, por el presunto delito de peculado al comprar a sobreprecio el inmueble que alberga Casa Jalisco en Chicago, el fiscal del estado, Gerardo Solís Gómez, descartó que la detención sea con “un tinte de carácter político” y afirmó que el también exlíder estatal panista sí intervino en la adquisición.

El fiscal comentó que desde 2016 el ministerio público continuó con cada una de las diligencias en la averiguación previa, como la petición al ex titular del organismo Jaltrade, Fernando Villaba Aberu, para que declarara, pero que nunca compareció, mientras que a Antonio Gloria se le pidió que asistiera en calidad de testigo “para que aportara datos para deslindarlo de cualquier responsabilidad”.

Pero dentro de la investigación se advirtió que Antonio Gloria firmó un oficio dirigido al secretario de gobierno en donde le instruye para la compra del primer inmueble, “pero después participa en una sesión ordinaria y de manera verbal apoya la compra del segundo inmueble. Esto hace que el ministerio público quisiera variar su situación jurídica y considerarlo coautor”, justificó Gerardo Solís.

También el propio Antonio Gloria dijo que se trasladó a Chicago a conocer el inmueble. Bajo esa fórmula él conocía el precio del primer y del segundo inmueble, “y optó por el ultimo cuando lo correcto habría sido complementar el expediente con todos los detalles técnicos para justificar la compra a un costo superior” y la rehabilitación por 17 millones de pesos, apuntó el fiscal.

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La defensa de Antonio Gloria argumentó que habría prescrito el delito de peculado, pero el juez “coincidió con nosotros” que aún es perseguible y por eso otorgó la orden de aprehensión.

El fiscal estuvo acompañado de la contralora del estado, María Teresa Brito Serrano, que ocupa ese cargo desde la pasada administración estatal. Ella explicó que tras concluir una auditoria, el 29 de mayo de 2016, su dependencia presentó una denuncia ante la Fiscalía por la compra a sobreprecio en agravio del hoy extinto  Instituto Jalisciense de Fomento al Comercio Exterior (Jaltrade).

La querella por el delito de peculado fue ratificada el 20 de junio de ese mismo año por el delito de “desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades”.

La contralora detalló que el Comité de Adquisiciones aprobó la solicitud de compra de Casa Jalisco en Chicago, por un monto de 2 millones de dólares -equivalente en ese tiempo a 24 millones de pesos.

La gerencia general llevó la solicitud de compra ante el Consejo Directivo de Jaltrade, pero se trataba de otra finca, con un costo de 3 millones 500 mil dólares, 43 millones de pesos aproximadamente-. El expediente iba acompañado de un dictamen de avalúo en que se mencionaba que el valor de la finca era de 20 millones de pesos. Además, se ejercieron 17 millones de pesos en su rehabilitación y reparación, refirió.

La contralora se quejó que ninguno de los antecesores de Solís informó del curso que llevaba la investigación.

“Les solicité que se abocaran al seguimiento, que me informaran cuál era el seguimiento de todas las denuncias presentadas por la contraloría y que estábamos en la total disposición de seguir abonando con información que ellos requirieran”, indicó la funcionaria.

La investigación avanzó apenas, cuando la Fiscalía estatal pidió a la General de la República que se realizaran los peritajes necesarios en la Casa Jalisco de Chicago.

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