La Galáctica y el abuso

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El pasado 29 de julio, en Tuxtla Gutiérrez se llevó a cabo el XXII Encuentro Nacional de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, organizado por la asociación civil Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”. Asistieron trabajadoras de 17 estados de la República y, en especial, de nueve municipios de Chiapas. Los encuentros se han llevado a cabo en varias ciudades del país, principalmente en la Ciudad de México, y en esta ocasión, según la presidenta de Brigada, Elvira Madrid Romero, “tocó en Chiapas porque tanto en la Zona Galáctica de Tuxtla como en San Cristóbal de Las Casas, Huixtla y Tapachula ha habido mucho abuso. En Chiapas las trabajadoras sexuales no pueden ejercer esta actividad de forma libre, sino que son obligadas a pagar derecho de piso, además del cobro de la tarjeta sanitaria”.

En el comercio sexual que se da en Chiapas participan trabajadoras sexuales locales y de otras entidades cercanas, como Tabasco, Campeche y Veracruz, junto con migrantes que provienen de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Mientras que los desplazamientos de grupos de centroamericanos han agudizado en Tapachula una situación de por sí ya grave, parecía que la regulación en la Zona Galáctica de Tuxtla tendría menos problemas. Sin embargo, no es así. En este encuentro, Tuxtla Gutiérrez se perfiló como el municipio chiapaneco donde más se hostiga económicamente a las trabajadoras sexuales.

La oferta de servicios sexuales en Tuxtla se concentra en un espacio creado específicamente como una “zona de tolerancia” moderna en 1991, durante el gobierno de Patrocinio González Blanco: la Zona Galáctica. Ubicado fuera del centro de la ciudad, tuvo el objetivo tanto de “limpiar las calles” como de garantizar un servicio controlado e higiénico a los militares asentados en Chiapas.

En el encuentro, Jaime Montejo, coordinador de comunicación y prensa de Brigada Callejera, denunció la situación de explotación económica de las trabajadoras sexuales que llevan a cabo las mismas autoridades que operan la zona de tolerancia “Galáctica”. Para desempeñar su oficio, las trabajadoras son obligadas a pagar más de 200 pesos al día a la Coordinación General de Política Fiscal del Ayuntamiento capitalino, contribución que además habría que ver si llega a ingresar a las arcas de la Tesorería.

Aparte de esos 200 pesos diarios está el cobro de una tarjeta sanitaria de 175 pesos, y Elvira Madrid Romero declaró que no sólo les cobran algo que no sirve para nada, sino que las mandan a hacerse sus estudios a lugares que les salen muy caros. ¿Por qué la presidenta de la Brigada dice que la tarjeta no sirve? Ella retoma la postura de quien fuera la directora del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida (Censida), la doctora Patricia Uribe. Invitada por la regidora Paulina Mota Conde, en ese entonces presidenta de la Comisión de Equidad y Género, la doctora Uribe asistió el 18 de diciembre de 2017, en Tuxtla Gutiérrez, a un foro titulado “Trabajo sexual: una visión desde los Derechos Humanos”. El objetivo del foro fue profundizar en una reflexión acerca del trabajo sexual para así establecer una agenda de acción acerca del trabajo sexual en Tuxtla Gutiérrez.

La doctora Uribe, infectóloga experta en el estudio de enfermedades de transmisión sexual, se reunió con el entonces presidente municipal y el secretario de salud del municipio, con el responsable del VIH en Chiapas y con los abogados municipales encargados de la redacción del reglamento de trabajo y otros funcionarios de Tuxtla.

Ella les explicó, con datos de la investigación médica, por qué no sirve el examen que se les exige a las trabajadoras sexuales, y señaló que, en todo caso, habría que realizárselo principalmente a los clientes hombres y no a las trabajadoras mujeres. El anterior presidente municipal le preguntó para qué existe entonces ese control, a lo que la doctora Uribe respondió que lamentablemente ello se ha convertido en un recurso para obtener ingresos para el municipio. Es obvio que toda persona debería checar el estado de su salud sexual; sin embargo, exigir un control sanitario que no incluye a los hombres no sólo es absurdo, sino también injusto con las trabajadoras sexuales.

Tal parece que con el cambio de gobierno hay que volver a repetir lo que ya se explicó y que es un lugar común de la política en salud: los controles sanitarios que se obliga a realizar a las trabajadoras sexuales no sirven, y no son una política sanitaria, sino un mecanismo de recaudación de ingresos. Es necesario que el nuevo alcalde, Carlos Morales Vázquez, tome en cuenta la información científica que ya existe acerca de los límites del control sanitario para que regularice la actividad económica de la Zona Galáctica. Las ganancias que el municipio saca diariamente de ese lugar deben regularse asumiendo claramente que son una forma de política fiscal, pero es imprescindible que no se abuse de las trabajadoras.

Mientras no cambien los acuerdos y se revisen los pagos, lo que está ocurriendo en torno a la “Galáctica” es una forma de explotación gubernamental. Eso explica la denuncia en el lema de este XXII Encuentro: “Trabajadoras sexuales en pie de lucha contra el Estado proxeneta”.

Este análisis se publicó el 4 de agosto de 2019 en la edición 2231 de la revista Proceso

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